Prácticamente cada semana los tribunales cursan mínimo un juicio relacionado con agresiones o abusos sexuales. Esta semana no es una excepción: la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este martes a un hombre acusado de un delito contra la libertad sexual contra una menor tutelada por la Administración, con la que había contactado a través de Instagram.

Es una situación que se ha producido en varias comunidades autónomas de distinto signo, denunciada por organizaciones de protección de los menores y que, frente a los discursos sobre los privilegios en los centros que cuidan a menores sin familia, revela tanto la vulnerabilidad de estos menores como la mayor vulnerabilidad general que sufren las mujeres.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, ambos intercambiaron conversaciones y en un momento dado quedaron para conocerse.

El acusado la llevó a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a que la chica “pidió al acusado que parara repetidamente, dado que le hacía daño”.

La menor, que estaba tutelada por la administración, presentaba una situación de vulnerabilidad, según explica el escrito presentado por el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular en representación de sus derechos e intereses.

Así, “su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas, la convirtieron en la víctima perfecta”, añade.

Señala además el escrito del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria que el acusado “ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la administración, por agresiones de la misma naturaleza”.

Y concluye que “el modo de proceder es similar en todos los relatos: primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare”.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, merecedor de cinco años de prisión, seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez años de inhabilitación para trabajar con menores.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. No aparece en la factura, pero sí hay que borrarlo del listado de las llamadas realizadas desde el móvil

El Gobierno de Cantabria, por su parte, considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual, “no solo por la violencia ejercida sobre la víctima, una persona especialmente vulnerable”, sino también “por sus súplicas para intentar parar la agresión”.

Además, considera la acusación particular que “concurre como agravante la situación de inferioridad de la víctima, por su minoría de edad y por la especial vulnerabilidad derivada de su guarda, conociendo el acusado esa dependencia administrativa y habiendo abusado de su superioridad física y anímica”.

Así, la petición de condena por el delito continuado de agresión sexual que realiza la administración asciende a trece años y cinco meses de cárcel, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores.

En concepto de responsabilidad civil, el Gobierno regional reclama una indemnización para la joven de 6.000 euros.