Varias organizaciones feministas y sociales integrantes del Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Santander han reclamado la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria para tratar el mantenimiento en el cargo de Francisco Javier Gallego Gamucio, asesor municipal condenado por dos delitos de violencia machista.

Se trata de un asesor adscrito por el método de libre designación a la Concejalía de Barrios,con complementos económicos que elevan sus ingresos a unos 50.000 euros,  que además es policía local en situación de segunda actividad.

El Ayuntamiento, como expresó ayer la alcaldesa en el Pleno en respuesta a preguntas de IU, se aferra a la condición de Policía Local para no tomar medidas aún, asegurando que ilegal despedir a un funcionario, circunstancia que evidentemente conocen oposición y colectivos feministas, que lo que están pidiendo es medidas en la parte que supone cargo de confianza a la que accedió por libre designación. En cualquier momento podría volver a su plaza –fuera de contacto con mujeres, matizan desde la Comisión, que muestra su inquietud porque un condenado por violencia de género sea policía local–

La alcaldesa centra su reacción ante la condena por violencia de género al asesor por libre designación de Barrios en su condición de funcionario

El equipo de Gobierno no ha adoptado medidas para su destitución, lo que ha sido interpretado por las firmantes como un acto de “inaceptable silencio institucional” que ya ha provocado una brecha entre asociaciones feministas y ayuntamiento en la concentración mensual contra la violencia de género.

El Ayuntamiento de Santander rompe la unidad en la concentración contra la violencia de género al mantener en su puesto a un asesor condenado

El escrito, remitido a la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad, ha sido firmado por la Asamblea de Mujeres de Cantabria, la Asociación Consuelo Berges –que trabaja directamente con víctimas de violencia de género-, la Asociación Nueva Vida –que tiene programas de apoyo e inserción a mujeres en contexto de prostitución–, Izquierda Unida, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE. Todas son miembros del Consejo Municipal de Igualdad, y buena parte de ellas están integradas en la Comisión 8 de Marzo.

Compromiso institucional en entredicho

Las entidades firmantes subrayan que el Consejo de Igualdad, como órgano participativo encargado de diseñar y supervisar políticas públicas de igualdad en el municipio, no puede permanecer al margen ante una situación que consideran un “caso flagrante” de complicidad institucional con la violencia de género.

“Una administración que se declara comprometida con la igualdad no puede mantener en su estructura a una persona condenada por violencia machista”, señalan en el documento. Por ello, reclaman coherencia con los principios que inspiran el Consejo y una posición pública clara del equipo de gobierno municipal, actualmente liderado por el Partido Popular, que ha tratado de rebajar la importancia de la sentencia al no considerar al condenado como un asesor, sino como un funcionario con nuevas funciones asignadas, o apelando a que contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Santander cabe recurso.

Además del cese inmediato del asesor, las entidades proponen que la reunión del Consejo sirva para exigir explicaciones políticas y plantear nuevas medidas que refuercen los mecanismos institucionales de prevención y respuesta ante casos similares.

El Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Santander es un órgano consultivo y participativo que aglutina a asociaciones feministas, partidos políticos, técnicos municipales y otras entidades implicadas en la defensa de los derechos de las mujeres. Su función principal es asesorar y participar en el diseño de políticas públicas de igualdad, así como promover actuaciones que erradiquen la violencia de género.

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