El consejero de Fomento, Roberto Media, trasladó este lunes al Senado la postura del Gobierno de Cantabria ante la Ley Estatal de Vivienda, con un discurso centrado en la ocupación ilegal, que, como reflejan los datos del Poder Judicial, supuso el último trimestre en Cantabria dos casos.

Media atribuye a la preocupación por la ocupación las 50.000 viviendas vacías en Cantabria que no se ponen a disposición para el alquiler, y además considera que la legislación estatal, que pide retirar, «defiende más al okupa que al legítimo dueño”.  Interpreta de este modo la prohibición de desahucios a personas vulnerables (mayores, niños…) y encuadra bajo la definición de ocupación los retrasos en los pagos habituales en cualquier sector económico sin que esos otros sectores encuentren el mismo apoyo institucional que se da al colectivo rentista (palabra que nunca usa Media).

Frente a esto, defiende la Ley autonómica de Vivienda, que él mismo ha presentado centrada en combatir la ocupación: entre sus medidas se contemplan un protocolo de desalojo inmediato en caso de ocupación flagrante, asistencia jurídica a propietarios afectados y la creación de la Oficina de Apoyo a Víctimas de Ocupación e Inquiocupación. De hecho, la Ley contempla subvenciones no sólo para ayudar a inquilinos a pagar el alquiler, sino ayudas directas a propietarios afectados por ocupaciones, cuyos fondos saldrían del Fondo de Emergencia Habitacional, teóricamente creado para ayudar a personas con problemas de acceso a vivienda.

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Que la ocupación es estadísticamente residual lo reflejan los datos del Poder Judicial, que constataron dos casos en en último trimestre y 19 en todo el año pasado. Que hay un problema con los desahucios lo reflejan esos mismos datos (67 el último trimestre, 257 en todo 2025), que de paso niegan otro de los argumentarios recurrentes, la imposibilidad de desahuciar inquilinos. De hecho, la mayoría de los desahucios que se están produciendo en estos momentos en Cantabria son por el alquiler: 61 el pasado trimestre, del total de los 67; 207 en todo 2024, de un total de de 257).

Pese a ello, la intervención del consejero de Vivienda en el Senado no hizo referencia ni a los desahucios, que afectan a más familias, ni a las viviendas turísticas, que detraen pisos del mercado de alquiler, limitando, según la propia doctrina del PP, el número de viviendas disponibles y, por tanto, encareciendo los precios. Ya ha comenzado el verano, y será el segundo verano sin que se haya actualizado el decreto de viviendas turísticas por parte del propio Gobierno, sin que se haya producido ninguna limitación, moratoria a nuevos permisos o revisión a si las que ya están en los portales cumplen la normativa.

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Media defendió las medidas en materia de vivienda tanto de su departamento ya puestas en marcha como las que se incluyen en la legislación, en fase de tramitación, y que incluyen la concesión de suelo público a empresas privadas por períodos de 75 años.

Empresas privadas podrán gestionar suelos públicos por concesión durante 75 años

Así, Media destacó los planes del Ejecutivo regional para construir 285 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, con una inversión de más de 42 millones de euros, repartidos entre nueve municipios. “Esta legislatura hemos cambiado en dos ocasiones el módulo de VPO para que la iniciativa privada vuelva al mercado”, explicó, añadiendo que “el gran esfuerzo inversor lo estamos haciendo las comunidades autónomas”.

El consejero defendió también medidas fiscales y programas de rehabilitación para mejorar la oferta de vivienda en zonas rurales, junto con un incremento de las ayudas al alquiler para jóvenes y familias. Indicó que el límite se ha elevado de 500 a 700 euros mensuales, y se han activado deducciones por arrendamiento, por residencia en municipios con riesgo de despoblación y para adquisición de vivienda habitual por parte de menores de 35 años.

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