La agenda judicial de la Audiencia Provincial de Cantabria para esta semana recoge dos juicios por delitos de odio, ambos relacionados con episodios de incitación a la discriminación y agresiones por motivos racistas. Las vistas se celebrarán el martes 24 y el jueves 26 de junio en Santander.

El primero de los procedimientos, señalado para el martes 24 a las 10:00 horas en la Sección Tercera, juzga a tres acusados de incitar al odio contra el colectivo gitano durante el confinamiento en Santoña en 2020.

“El discurso de odio es la antesala de los delitos de odio y las agresiones»

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) denunció los hechos ante la fiscalía especializada en Delitos de Odio y Discriminación de Santander y se personó como acusación popular para impulsar el procedimiento.

Según la FSG, los mensajes de odio se originaron tras unas declaraciones  que vinculaban falsamente el COVID-19 con la población gitana. A raíz de ello, circularon audios y publicaciones en redes sociales como Facebook y Twitter (actual X) con contenido «extremadamente violento y deshumanizante». Uno de los audios, por ejemplo, proponía «encerrar a los gitanos en un campo de concentración hasta que se mueran todos», incluyendo insultos contra mujeres, niños y ancianos. En redes sociales se compartieron imágenes asociadas al Holocausto y se llegó a justificar el uso de violencia letal por parte de las fuerzas de seguridad.

La fiscalía considera que actuaron con ánimo de lesionar la dignidad del colectivo gitano e incitar al odio y la discriminación, y les imputa un delito de odio por el que pide tres años de prisión y una multa de 3.960 euros. Además, se solicita su inhabilitación para trabajos en el ámbito educativo, docente y de tiempo libre durante cuatro años. Como responsabilidad civil, propone que indemnicen con 5.000 euros cada uno a la asociación Gitanos de Santoña. La acusación particular, ejercida por el Secretariado Gitano, eleva las indemnizaciones a 10.000 euros por acusado.

Sara Giménez, directora general de la FSG, ha señalado que «este tipo de mensajes de odio antigitano no pueden quedar impunes» y que esperan «una sentencia condenatoria que sirva para concienciar a la ciudadanía de que estos discursos son perseguidos penalmente y generan daño a todas y cada una de las personas gitanas». Además, ha calificado el proceso como «un litigio estratégico» que busca «hacer justicia, generar jurisprudencia y concienciación sobre la gravedad de estos discursos». Desde la FSG explican que la pandemia evidenció un fuerte brote de odio en redes sociales hacia la comunidad gitana, documentado en estudios que relatan efectos como miedo, señalamiento, estrés o deshumanización.

La pandemia refuerza los discursos antigitanos

La entidad recuerda que su intervención en este proceso se ampara en el artículo 510.1 del Código Penal y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como en la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado. La abogada penalista Charo Alises actúa como representante de la FSG en este litigio.

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El segundo juicio tendrá lugar el jueves 26 de junio a las 09:30 horas, en la Sección Primera, contra tres miembros del grupo ‘Los Pumas’ por insultos y agresiones a personas de origen colombiano en un pub de Reinosa. Según el relato fiscal, los acusados acudieron al local con conocimiento de la presencia de miembros de una banda rival y, una vez dentro, profirieron gritos como «hijos de puta, negros de mierda, panchitos de mierda» mientras lanzaban objetos. Uno de ellos golpeó a un hombre con una mesa y dos agredieron a una mujer con vasos y empujones.

La fiscalía les imputa un delito de odio, lesiones y lesiones agravadas. Para el acusado principal pide dos años y ocho meses de prisión, inhabilitación y multa de 2.400 euros, además de una indemnización de 8.800 euros por los daños sufridos por la víctima. Para los otros dos procesados, solicita ocho meses de prisión y multas de 2.700 y 3.300 euros respectivamente, así como su inhabilitación para actividades con menores o en el ámbito educativo y deportivo.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron en España 1.869 delitos de odio, de los que 724 estuvieron motivados por racismo o xenofobia, siendo la categoría con más casos. Diversas organizaciones sociales, como la Red Española de Inmigración o SOS Racismo, denuncian que existe una fuerte infradenuncia en este tipo de delitos por miedo, desconfianza institucional o desconocimiento.

Estas causas reflejan la preocupación creciente por la propagación de discursos de odio a través de redes sociales y su posible traducción en conductas violentas, lo que ha llevado a reforzar la formación en derechos humanos y el trabajo en prevención desde el ámbito educativo y comunitario.

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