La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, defendió este jueves en Santander que «el dolor y la necesidad de verdad no prescriben: pueden prescribir los delitos, las condenas, pero no el dolor ni la condición de víctimas ni la necesidad de verdad».

Delgado participó en un acto organizado por el colectivo Desmemoriados y la Fiscalía de Cantabria, en el que se abordó el avance de la memoria democrática desde una perspectiva jurídica e institucional, y en el que el Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, explicó cómo puede proceder cualquier persona o entidad para solicitar que se anulen condenas franquistas, ilegítimas de por sí y dictadas sin ningún tipo de garantía legal equiparable a un juicio en una sociedad democrática.

El portavoz de Desmemoriados, Roberto Ruisánchez, señaló que España es un país «con poca o mala memoria, con leyes que han llegado tarde, cuando gente que peleó por esas leyes no pudo verlas». Aseguró que su trabajo está guiado por una mirada «atrás y adelante», y recordó como hito el trabajo del colectivo en la recuperación del Caso Almería, el cambio del callejero franquista en Santander o la participación en documentales como ‘Almería 1981’.

LA REPRESIÓN TRAJO EL OLVIDO Y LA DEMOCRACIA NO LO SOLUCIONÓ

«Tuvimos una dictadura, la más longeva de Europa, especialmente cruel, que sentó unas bases de silencio y para el olvido», aseguró Delgado, quien recordó que «la represión fue especialmente agresiva en los primeros años», y estuvo centrada en «la desaparición de todos aquellos que podían ser un obstáculo para el régimen». También lamentó que, tras la dictadura, «no llegó la verdad ni la justicia» por una mezcla de «ansia de democracia» y «una infinita generosidad de las víctimas».

En su intervención. Delgado repasó el recorrido legislativo de la memoria democrática en España. Indicó que la ley de 2007 fue «insuficiente, muy tímida, casi pedía perdón, no hablaba de justicia», aunque abrió algunas puertas. La verdadera transformación, según apuntó, llegó con la Ley de Memoria Democrática de 2022, que por primera vez incorporó al Ministerio Fiscal como protagonista en la aplicación de la norma  e incluyó el criterio de hacer justicia.

Porque, señaló, la justicia durante la dictadura, fue «una herramienta de represión», con tribunales de excepción, juicios sumarísimos sin garantías, que justificaron sentencias y fusilamientos, a lo que siguió  el expolio de bienes de las víctimas, condenadas a la indigencia y el hambre, como forma de represión y enriquecimiento del régimen. Sobre todo, incidió en que aunque los delitos puedan prescribir, la condición de víctima y su necesidad de justicia y verdad, no.

Carlos Yáñez: «Hablamos de personas que retumban en nuestra memoria»

Por su parte, el fiscal delegado de Memoria Democrática en Cantabria, Carlos Yáñez, en una intervención marcada por la empatía, la cercanía y la humanidad, destacó la importancia de la labor de la sociedad civil y agradeció expresamente a Desmemoriados su compromiso. «Los artistas y juglares han contado la historia del pueblo», dijo, e ilustró su intervención con la canción Los olvidados de Pedro Pastor y Rozalén, cuya letra recuerda a las generaciones represaliadas y exiliadas.

Yáñez denunció que «el franquismo deshumanizó a las víctimas, les quitó su identidad y su existencia», por lo que defendió una Fiscalía con rnfoque humano»: «Queremos que se acerquen a nosotros, ayudarles, hablar con personas que retumban en nuestra memoria, que martillean», expresando su temor a que «si ocurrió, puede volver a ocurrir».

Por eso, animó a contactar con él, bien en los juzgados de Torrelavega, llamando al 942 88 12 76 y preguntando por Fernando, un funcionario clave en el día a día de la Fiscalía: «que no se agobien. Si se encuentran un problema, les vamos a dar dos soluciones».

El proceso se puede iniciar a instancias de familiares directos descendientes, pero también de asociaciones memorialistas o de personas a título particular en casos en los que no haya descendientes –muchas personas murieron muy jóvenes-, no estén localizables o se considere que sus figuras trasciendan sus familias, siempre y cuando se motive. Hay que aportar toda la documentación que se disponga (partida de nacimiento, relación familiar, la sentencia), y hay parte de la investigación que hará la Fiscalía, a la que las otras instituciones le deben colaboración.

Jesús Arteaga: «La memoria es básica para cualquier pueblo»

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, intervino también en el acto para reivindicar el papel de la sociedad civil en el impulso de la memoria. Agradeció el trabajo de Desmemoriados y destacó que «la memoria es básica para cualquier pueblo». En su opinión, sin las leyes de memoria «no sé si compensa» y añadió: «Si no tenemos memoria ni conocemos nuestra historia, creo que no vamos a ningún sitio».

Eusebio Cortezón: «Mi abuelo murió inocente, pero con dignidad»

El acto contó también con la intervención de Eusebio Cortezón, cuyo abuelo, teniente de Alcalde en Astillero, fue detenido y condenado a muerte. Su hija mayor, enfermera en Valdecilla, fue detenido. Cortezón, que ya intervino en la conmemoración del pasado 14 de abril en Ciriego y que está pendiente de la anulación de la condenada de su abuelo, agradeció el papel divulgativo de referentes como Saiz Viadero o Antonio Ontañón –cuyo ‘Rescatados del olvido’ logró precisamente eso, recuperar las memorias de represaliados y fusilados–, además de a María Toca, de La Pajarera Magazine.

«Hoy se les honra, a pesar de quienes como Tomás Soto Pidal los silenciaron», añadió entre lágrimas y aplausos del público.

La figura de Soto Pidal volvió a salir a relucir: fue el párroco de Ciriego, quien, pese a que los militares que fusilaban a sindicalistas, maestros o mujeres tenían registrados sus nombres y apellidos, les inscribió como anónimos, privando durante décadas a las familias de un lugar donde llorar a sus víctimas. Soto Pidal sigue teniendo una calle en San Román y está enterrado con honores en la iglesia de la Virgen del Mar, donde se custodia también la imagen de la Virgen del Mar, patrona de Santander –aunque parece que no de todos los santanderinos–.

Quitan la placa con el nombre del cura que condenó al anonimato a cientos de familias republicanas

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