La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha celebrado este lunes un acto público en la sede de la Fundación Pablo VI, en Madrid, para pedir perdón a las mujeres que durante el franquismo fueron internadas, rapadas y humilladas en centros gestionados por congregaciones religiosas como las Oblatas del Santísimo Redentor, las Adoratrices o las Terciarias Capuchinas.

Estas instituciones actuaban bajo el amparo del Patronato de Protección a la Mujer, organismo estatal creado en 1941 para controlar a mujeres consideradas «desviadas moralmente» por su pobreza, rebeldía o supuesta inmoralidad.

Las Oblatas fueron las que más tuvieron presencia en Santander, con un centro en la calle del Monte, en el recinto de la ya vacía Parroquia de San Pablo, una de las paradas de las rutas que organizó la plataforma Memoria y Democracia, constituida para luchar contra la derogación de la ley autonómica. Durante años no hubo memoria en torno a ello, ni en el barrio ni a nivel colectivo. Todavía hoy, nada recuerda allí nada de lo que sucedió.

Durante el acto, que contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su antecesora Irene Montero, diversos representantes religiosos reconocieron su implicación en esta red de control y pidieron perdón públicamente. “Lo sentimos de veras”, expresó Jesús Díaz Sariego, presidente de CONFER, en lo que se presentó como un gesto de reparación moral.

Sin embargo, el acto fue interrumpido por varias supervivientes y familiares que alzaron carteles con la palabra “No” y corearon consignas como “Ni olvido ni perdón”. Denunciaron que este perdón simbólico no ha venido acompañado de una reparación material ni de un reconocimiento jurídico como víctimas en el marco de la Ley de Memoria Democrática. Muchas de estas mujeres sufrieron rapados públicos, trabajos forzados, violencia física y psicológica en instituciones religiosas que colaboraban estrechamente con el régimen franquista, y únicamente por motivos políticos, ideológicos o de control de la moral. La humillación continuaba con el aceite de ricino que se les obligaba a beber y que les causaba diarreas constantes.

En Cantabria, una prisión en la calle Monte

En Santander, la congregación de las Oblatas gestionó un centro penitenciario entre 1938 y 1952 en el número 28 de la calle del Monte. Esta prisión albergó tanto a mujeres presas por motivos políticos -aquellas que tenían compromiso político de izquierdas o feministas, o si lo habían tenido sus padres o hermanas–  como a otras ingresadas por orden administrativa o judicial, acusadas de prostitución, escándalo público o «conducta inmoral».

Según el colectivo Desmemoriados, que trabaja por la recuperación de la memoria democrática en Cantabria, en 1949 el centro alojaba a 421 mujeres, de las cuales 46 eran presas políticas. El colectivo ha documentado hacinamiento, censura epistolar, aislamiento y trabajos forzados, principalmente en lavanderías. También se denuncian elevadas tasas de mortalidad infantil: la mayoría de los bebés nacidos en este centro morían antes de cumplir tres meses debido a la falta de atención médica y a las condiciones de insalubridad.

Control del cuerpo femenino como castigo político

La prisión de las Oblatas formó parte de un entramado represivo más amplio que usó el control del cuerpo y la sexualidad femenina como forma de castigo moral y político. Ejemplo de ello es el caso de Magdalena de Cos Borbolla, natural de Rábago (Cantabria), rapada públicamente y encarcelada por su participación en la guerrilla antifranquista.

Cantabria también fue escenario de ejecuciones políticas de mujeres, como las mujeres fusiladas en el cementerio de Ciriego el 17 de noviembre de 1938, como Manolita Pescador,  o en Torrelavega casos como el de Fidelita Díez, violada y asesinada, o, tal vez el más conocido, la periodista Matilde Zapata Borrego, directora del periódico La Región –sucesora de su compañero Luciano Malumbres tras su asesinato por falangistas–, fusilada en mayo del mismo año.

Matilde Zapata: nunca digas adiós

Investigación, testimonio y memoria

Durante décadas, esta violencia institucional fue silenciada. Sin embargo, trabajos como el libro ‘Las rapadas. El franquismo contra la mujer’ del psiquiatra e historiador Enrique González Duro, han contribuido a su visibilización. El libro analiza cómo el castigo del rapado sirvió como herramienta de humillación pública hacia las mujeres republicanas.

También el documental ‘Sacar a la luz. La memoria de las rapadas’, dirigido por Gema del Rey Jordá, María Dolores Martín-Consuegra y Mónica del Rey Jordá, ha sido reconocido por su valor testimonial. Fue difundido por la Filmoteca Española y otras entidades culturales, y pudo verse en Cantabria, con presencia de su directora, dentro del ciclo Cine sin niebla, de La Vorágine, dentro del cual también se  se representó, en el Café de las Artes, la obra de teatro ‘Las rapadas, una tragedia española’, a cargo de ‘Teatro en Defensa de lo Viviente’

Asociaciones como la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), Mujeres del 36, Ahaztuak 1936-1977  exigen que se reconozca legalmente a estas mujeres como víctimas del franquismo. Consideran insuficientes los gestos simbólicos sin acceso a archivos, reparación económica ni memoria institucional efectiva.

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