Los conflictos que tuvieron lugar en la factoría de Maliaño de Standard Eléctrica en los años 1931 y 1932 pueden encuadrarse dentro de las coordenadas de los factores trabajo y capital, en una coyuntura de tensiones acentuadas, de una parte por la recesión económica global que siguió al crack bursátil de 1929 y de otra por las expectativas de mejora de las condiciones salariales de los trabajadores animadas por el cambio de régimen que supuso la proclamación de la II República, todo ello en el marco de la economía española, con sus características e inercias.

La marcha de la fábrica a partir del cierre patronal que se produjo en octubre de 1931 y que duró cuatro meses quedó lastrada por una carga de trabajo tan escasa que no se puede hablar de una recuperación significativa del empleo hasta el año 1935. Otro efecto de la crisis y el paro fue el notable retroceso que experimentó la sindicación entre los trabajadores, que pasó de los aproximadamente 250 asociados que manifestaba la Sociedad de Obreros y Empleados de la Standard Eléctrica en 1931 a los 52 federados que acreditaban en la celebración del X Congreso de la Federación Obrera Montañesa (FOM), en abril del año 1934.

Paralelamente hay que hablar de cambios en el modelo de organización, que evolucionó de una fórmula asociativa fabril, la que suponía la Sociedad de Obreros y Empleados de la Standard Eléctrica, que estaba vinculada directamente a la FOM, hasta constituirse en una sección del Sindicato Metalúrgico Montañés (siempre en el ámbito de la UGT), que pasó a denominarse tras la primavera de 1934 ‘Standard Eléctrica’ o ‘Maliaño’, tal y como aparecía recogida en la prensa; de hecho, las reuniones de los afiliados tenían lugar en la Casa del Pueblo de Maliaño, ubicada en el barrio de La Acera de esa localidad. Las llamadas a la participación por parte de la directiva eran recurrentes, llegando incluso a publicarse advertencias en prensa tales como «se pasará lista y se impondrá correctivo al que no justifique su falta de asistencia«, lo que sugiere la existencia de un desapego instalado entre la afiliación.

La incidencia de la Revolución de Octubre de 1934

A tenor de lo recogido en la prensa de la provincia y del estudio de referencia sobre la Revolución de Octubre de 34 en Cantabria, el de Miguel Ángel Solla, Camargo fue dentro de los municipios con peso industrial y minero de Cantabria, el que menor conflictividad y enfrentamientos registró durante los diez días que permanecieron cerrados los centros de trabajo en la zona (entre el 5 y el 15 de octubre). Los trabajadores sencundaron el llamamiento a la huelga y, simplemente, no acudieron a las empresas. Según informaba El Cantábrico el 19 de octubre,

“Maliaño

Hacia la normalidad

El viernes, día 5, a las dos de la tarde se declaró la huelga general en todas las industrias, continuando en igual situación hasta el martes de la actual semana, en la que la factoría de Cros, la Standard Eléctrica, Tejería Trascueto y las demás industrias comenzaron a reanudar sus trabajos.

Durante estos pasados días, la Guardia civil y de Asalto han practicado algunos cacheos y registros domiciliarios, sin resultados positivos.

No se ha registrado ningún hecho sangriento durante los diez días de huelga…

La tranquilidad es completa, pero, no obstante esto, los cuatro números de la Guardia civil de este puesto a las órdenes del sargento Fernandez, siguen el servicio de vigilancia por las calles.”

En igual sentido apuntan las fuentes orales consultadas en el libro «Historia y memoria colectiva. La vida en el Valle de Camargo entre la II República y el primer franquismo». Como muestra valga el recuerdo de Consuelo Lanza, una joven camarguesa por aquel tiempo,

“Aquí no tuvo ninguna repercusión. Lo único que tuvimos que ir a buscar el pan a Maliaño, porque no venían los panaderos.”

El único incidente reseñable lo conocemos a partir de la detención de siete miembros de la Casa del Pueblo de Maliaño, efectuada por la Guardia Civil a requerimiento del alcalde accidental de Camargo, Gregorio Cagigas, bajo la acusación de coacciones a trabajadores de Cros y Standard para que no entraran a trabajar, así como a comerciantes de la localidad para que no abrieran las tiendas. El hecho de que se declarara el Estado de Guerra el 5 de octubre en todo el territorio español dio pie a la detención de los sindicalistas, los más destacados de la agrupación, por la Guardia Civil y a su procesamiento por delito de sedición en un Consejo de Guerra celebrado en Santander el 21 de diciembre de ese mismo año.

Consejo de guerra para juzgar los hechos acaecidos en Maliaño en octubre de 1934. La Región 1934, 22 de diciembre.

Aunque las peticiones del fiscal eran elevadas para la mayoría de los encausados, finalmente fueron absueltos cuatro de ellos y sentenciados a seis meses de prisión los otros tres: Pedro Ibáñez, Francisco Ruiz Delgado y Andrés Suárez. En un principio cumplieron la pena en el vapor Alfonso Pérez, que luego fue reemplazado por el Arantzazu-Mendi, fondeado en el cuadro de Nueva Montaña; ambos barcos fueron habilitados como cárceles flotantes para detenidos pendientes de proceso y condenados en Cantabria por los sucesos de octubre de 1934.

Composición fotografica de Samot. Preparativos en el Arantzazu-Mendi. El Cantábrico 1934, 5 de diciembre.

La etapa de la Guerra Civil bajo control republicano. Una incautación ante notario

La incipiente recuperación de la actividad fabril de Standard Eléctrica en Maliaño se vio abruptamente truncada por el desencadenamiento de la guerra civil en el verano de 1936. La memoria de la empresa de 1934 constataba un incremento de la actividad en los últimos meses del año y la de 1935 una intensificación de la producción con expectativas favorables.

Sin embargo, los niveles de empleo no llegaron en ningún caso a los existentes en el primer semestre de 1931. En este sentido el dato que ofrecía en noviembre de 1936 el director general de la compañía, Manuel Gutiérrez Cortines, apuntaba en un Memorándum sobre la incautación de la fábrica de Santander que «Emplea en la actualidad 114 trabajadores y en sus periodos de máxima producción ha llegado a dar ocupación a 300 obreros».

Tras el golpe de estado del 18 de julio, las dos plantas de Standard Eléctrica en España quedaron en territorios fieles a la República. La dinámica que se desencadenó en la confrontación bélica motivó que ambas fueran de una manera u otra intervenidas por el gobierno legítimo, si bien con fórmulas diferentes.

La fábrica madrileña, que estuvo fiscalizada todo el tiempo que duró la guerra civil, utilizó el sistema de un comité obrero que cogestionó la marcha de la empresa.

Carícaturas de los miembros del Comité Obrero de la fábrica de Standard Eléctrica en Madrid.Standard Cultural, julio de 1938

En 1938 los trabajadores de la fábrica de Madrid editaron una revista de periodicidad mensual denominada: Standard Cultural, cuyo contenido principal se centró en artículos técnicos y formativos, con secciones dedicadas a la mujer y a la cultura, todo ello sin perjuicio de la habitual carga propagandística para elevar la moral de guerra en las fábricas y en los talleres.

Acta notarial de incautación de la fábrica de Standard Eléctrica en Maliaño. 22 de septiembre de 1936

Acta notarial de incautación de la fábrica de Standard Eléctrica en Maliaño. 22 de septiembre de 1936

Por su parte, el establecimiento industrial de Maliaño fue incautado el 22 de septiembre de 1936, según se refleja en el correspondiente acta «en cumplimiento de oficio de la Dirección General de Trabajo de Santander». Esta se produjo ante el notario astillerense Manuel Espinosa Ramírez, con presencia del director de la fábrica, dos representantes del Frente Popular, dos delegados del comité de fábrica y tres representantes de los técnicos, administrativos y guardas. De esta manera, la factoría de Maliaño «pierde por todo carácter particular y queda sometida a la Dirección General de Trabajo de Santander», tal y como se hacía constar en el mencionado documento. Con respecto a la suerte que corrieron los directivos destituidos, la Memoria de accionistas de 1940, es decir, una vez que la compañía recuperó su régimen corporativo, señala, sin más detalles, que «la representación de esta fue violentamente expulsada de la Fabrica y encarcelados o huidos sus mas genuinos representantes».

En aquel tiempo, la Dirección General de Trabajo de Santander, encabezada por Antonio Ramos, destacado dirigente de la Federación Obrera Montañesa (FOM) y del PSOE, era un organismo integrante de la Junta de Defensa, creada a mediados del mes de septiembre bajo la presidencia de Juan Ruiz Olazarán, entonces Gobernador Civil. A su cargo tenía el Departamento de Incautaciones de Industrias, cuya titularidad recaía en Higinio Andraca, miembro de la FOM.

El acta notarial mencionada nos permite conocer también la identidad del director de Standard Eléctrica en el periodo en que estuvo incautada siendo, literalmente según se cita, «Don Carlos de la Riva Tayen». Carlos de la Riva Tayán (1905-1975) fue un ingeniero, considerado un precursor de la radiodifusión española, que junto a sus hermanos, Jorge y Adolfo, diseñaron el sistema de comunicaciones de la Marina de Guerra de la República, de la que el socialista cántabro, Bruno Alonso era el comisario político. El investigador Pablo Soler extracta de la memoria de 1936 a 1939 de Standard Eléctrica  que «El primer semestre de 1936 siguió con normalidad, después de julio la fábrica fue incautada por el Gobierno de la República que nombró a un director, ajeno anteriormente a la empresa. Los miembros de la anterior dirección de la fábrica huyeron o fueron encarcelados».

Carlos de la Riva había trabajado por un corto periodo de tiempo, al poco de su fundación, en Standard y ya en 1928 pasó a ser director de la emisora Radio Catalana. Desconocemos el tiempo que permaneció al frente de la planta de Maliaño; la única referencia explícita que hemos encontrado en la prensa cántabra fue su iniciativa de afiliación a Izquierda Republicana en Santander en la primavera de 1937. Con la caída de la provincia se exilió en París, donde no mucho tiempo después, ante el avance de las tropas nazis sobre la capital francesa decidió retornar a Barcelona.

La decisión de incautar la fábrica hay que inscribirla dentro de la situación bélica que atravesaba el país, es decir, la subordinación a la economía de guerra.  Este caso se encuentra alejado de otros procesos, como el de las colectivizaciones de tierras o industrias, vinculados a proyectos de  revolución social, que tuvieron lugar fundamentalmente en Aragón y en la zona mediterránea de la España republicana. Además, la fábrica de Standard Eléctrica en Maliaño, por su índole, podía producir material de utilidad para la contienda.

En Cantabria, como han señalado Cecilia Gutiérrez y Antonio Santoveña, el programa de incautaciones se circunscribió a empresas y actividades relacionadas con el desarrollo de la guerra o abandonadas por sus propietarios o directivos. La FOM, que copaba la Dirección General de Trabajo, y que, además, era la fuerza sindical mayoritaria en la provincia, se mantuvo en todo momento dentro de una línea en la que «cualquier acción defensiva por parte del proletariado había de asentarse necesariamente en el respeto a la legalidad y el orden».

La reacción de la compañía se produjo con prontitud y, con fecha 8 de octubre, el director general de la misma, Manuel Gutiérrez Cortines, dirigía un escrito al ministro de Industria y Comercio, Anastasio de Gracia, para que instara a la Dirección General de Trabajo de Santander a que dejase sin efecto la incautación por considerarla una extralimitación, argumentando para ello tres razones: que la fábrica no había estado abandonada en ningún momento (y por lo tanto no le era de aplicación el Decreto del Ministerio de Industria y Comercio 2 de agosto de 1936, que facultaba al Estado o sus representantes autorizados la incautación de la industria abandonada por sus propietarios), que no se había producido desatención de funciones por parte de la Dirección y que el material de la empresa ya estaba intervenido, con presencia de un delegado de la Dirección General de Industria, desde el 27 de julio.

Adicionalmente, en un memorándum se indicaba la existencia de gestiones efectuadas por la propia Dirección General de la empresa, el delegado del Ministerio de Industria y Comercio en la misma y su Comité Obrero ante la Dirección General de Trabajo de Santander para que la incautación quedara sin efecto.

En defensa de los intereses de la International Telephone and Telegraph (ITT), accionista final mayoritaria de Standard Eléctrica, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Eric C. Wendelin, remitió una nota al ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo, el 1 de noviembre, en la que le solicitaban el respeto y protección de la sucursal de la compañía de Maliaño, especialmente por parte del Director General de Trabajo de Santander, tal y como estipulaban las leyes internacionales. El Departamento de Estado norteamericano fue igualmente informado, manifestando su aprobación por las gestiones desplegadas por Wendelin. El efecto principal de toda esta serie de gestiones, como apunta Pablo Soler, tal vez fue el de evitar la incautación de la factoría de Standard en Madrid ,si bien, como ya hemos señalado, en este centro funcionó un modelo de cogestión empresarial con la participación de un Comité Obrero.

En Maliaño, la fórmula de dirección de la fábrica que se estableció tras la incautación fue la de instaurar un Consejo Obrero, al igual que en las principales industrias y empresas cántabras. La primera medida relacionada con la marcha de la empresa que conocemos fue un breve remitido de la Sección de Standard del Sindicato Metalúrgico Montañés que fue publicado en los diarios provinciales el 26 de septiembre, en el que anunciaba que estaba en marcha un procedimiento de recuperación de derechos circunscrito a «todos cuantos trabajaron en la Standard con anterioridad al año 1931 y que fueron despedidos en aquella época…«. Es decir, a los que perdieron su puesto de trabajo con motivo de la huelga del verano de 1931 y el posterior cierre patronal.

Uno de los principales problemas que tuvo que afrontar el Consejo fue el de la dificultad de adquisición de materias primas (concretamente, la de plomo y cobre), cuestión que se había suscitado ya poco después de iniciada la guerra y que se reiteraba en marzo de 1937, según se recoge en la prensa [La Voz de Cantabria, 13/03/1937]. El modelo de gestión estuvo vigente por un periodo de once meses, hasta que las tropas franquistas tomaron militarmente la provincia de Santander.

La Standard Eléctrica de Maliaño tras la caída de Santander. Un tiempo marcado por las depuraciones laborales

Así pues, tras la derrota del ejército republicano en Santander, en agosto de 1937, se produjo la reversión del control de Standard Eléctrica: la antigua dirección recuperaba el poder de la factoría de Maliaño, dándose la circunstancia reseñable de tener por primera vez los dos establecimientos controlados por gobiernos diferentes, ya que la planta de Madrid seguía en territorio bajo la administración republicana.

La fábrica de Standard Eléctrica en Maliaño en la década de 1930. Catálogo de interfonos n.º 1101 de Standard Eléctrica  

Standard tardó únicamente un par de semanas en retomar el control de la planta y continuar con la producción, lo que supone una evidencia de las buenas condiciones en las que estaba la maquinaria y los edificios, tal y como se recoge en el acta de la reunión que el Consejo de Administración, presidido por el Marqués de Urquijo, celebró  el 27 de septiembre de 1937 en la fábrica de Maliaño.

Siendo esta su primera reunión empiezan expresando su gratitud a nuestro Glorioso Ejército Liberador que en su avance triunfador y rapidísimo, ha podido liberar muestra fábrica de Cables de Maliaño de la destrucción de las hordas rojas. Extendiendo su respetuosa admiración a su Caudillo, el Generalísimo Franco que con su inteligencia y valor estratégico condujo de una manera admirable las operaciones tan felices que permitieron incorporar en pocos días la provincia entera de Santander a la Nueva España.

 Como consecuencia de esta feliz operación encontramos el edificio y maquinaría en perfecto estado, habiéndose podido en breve plazo (8 de setiembre) 14 días después de la liberación, poner en marcha esta industria, lo cual fue posible con la ayuda eficaz e incondicional de las Autoridades Civiles y Militares de Santander y también de la colaboración de la Junta Técnica en Vizcaya y Santander…..

 El stock de primeras materias y mercaderías, debido sin duda al rápido e inesperado avance de nuestro Glorioso Ejército, nos permitió con la ayuda prestada por la Delegación de la Junta Técnica de Vizcaya y Santander contar con las más necesarias primeras materias para la puesta en marcha de nuestra Fábrica…

En este mismo consejo de administración se hizo explícito el anuncio de futuras depuraciones:

Según las normas establecidas, los empleados y obreros que trabajaban durante el periodo de ocupación de los rojos que constaban en nómina de esta fábrica en 18 de julio de 1936 fueron admitidos provisionalmente en su mayoría a resulta de los expedientes que en la actualidad se formalizan y que se fallarán en su día.

En efecto, dentro de las modalidades de la represión ejercida por el bando sublevado, impulsadas por los mandos militares, la desarrollada en el mundo del trabajo tuvo una gran trascendencia social y política en cuanto afectó de modo selectivo a personas, no por su capacitación o aptitudes laborales, sino por su significación ideológica, por su actuación durante la guerra o desde la proclamación de la II República o por mostrar desafección hacia los insurrectos.

No hay que dejar de lado que también hubo procesos de depuración en empresas en la zona leal a la República. En el caso de Standard Eléctrica ya hemos hecho mención de lo ocurrido a los miembros de la directiva de Maliaño anterior a la incautación. En cuanto al personal, siguiendo el trabajo de recopilación del fondo documental  de Standard desarrollado por Pablo Soler y José Ramón Iglesia, la memoria de la junta directiva de 1941 menciona a «personal depurado por el gobierno republicano que se le reintegran los sueldos».

Centrándonos en el bando sublevado, la base normativa directa que propiciaba la depuración del personal de empresas privadas se encuentra en la Orden de 17 de agosto de 1937 (BOE 20/08/1936), que extendía a este ámbito el Decreto de 5 de diciembre de 1936 (BOE 9/12/1936) por el que se establecía la separación definitiva de los empleados públicos contrarios al Movimiento Nacional. En aplicación de la misma cualquier empleado de una empresa privada sería sancionado o separado de su puesto si era considerado incompatible, opuesto o peligroso para el régimen, lo que se extendía también a  tiempos anteriores. La responsabilidad de aplicación de la medida recaía en la dirección o en los propietarios de las empresas. Como describen Carme Molinero y Pere Ysas, «no era necesario un largo proceso: se enviaba la lista de los depurados a la Delegación de Trabajo, acompañada de una brevísima explicación de los motivos de la sanción que, generalmente, consistía en haber formado parte del comité de empresa o de la organización sindical local, y el Delegado dictaba una resolución que tenía carácter inapelable».

No había terminado aún la guerra, cuando el Consejo de Administración de Standard Eléctrica, celebrado en  del 14 de octubre de 1938, retomaba el asunto de la depuración de los trabajadores en los siguientes términos: «Conforme a lo indicado en el acta correspondiente al mes de Septiembre [de 1937] se ha empezado a depurar la actuación del personal de esta Fábrica que figuraba su nómina el diez y ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, durante el periodo revolucionario, habiéndose nombrado su ¿Estado Asesor? a fin de proceder con la mayor justicia y rectitud».

En el Consejo Ejecutivo de la compañía que tuvo ocasión el día 19 de abril de 1939 en la sede de la Telefónica en Madrid, previa manifestación de «adhesión a Franco», se abordó el tema concerniente al proceso de depuración de toda la plantilla, nombrándose a tal efecto un Comité Depurador de personal, entre cuyos miembros se encontraban Joaquín López Faci (director de la fábrica de Maliaño) y Manuel Gutiérrez-Cortines (director general de Standard Eléctrica en España).

Por su parte, el Consejo de Administración celebrado el 27 de abril, daba cuenta del inicio del proceso depurador, cuya instrucción concluiría en menos de dos meses. Transcurrido este tiempo, el 15 de junio, el Consejo de Ejecutivo establecía en otra reunión la clasificación de sanciones que se iban a aplicar, para lo cual se escalonaban cuatro niveles de depuración:

– A: Despedidos

– B3: Sancionados con 3 meses y pérdida de antigüedad

– BT: Sancionados con pérdida total de antigüedad

– C: Sancionados con tres años de pérdida de antigüedad

Finalmente, el día 27 de ese mismo mes, el Consejo de Administración aprobaba la aplicación de las medidas disciplinarias con este resultado:

Tabla de Expedientes de depuración en Standard Eléctrica. 1939

A partir de los datos estadísticos pueden extraerse las siguientes conclusiones:

• 1.ª La plantilla de la factoría de Maliaño, en términos relativos, recibió un castigo mayor que la de Madrid: el 45,61 % del personal de la planta cántabra frente al 35,86 % de la madrileña.
• 2.ª En cuanto a la severidad de las sanciones aplicadas, también la planta de Maliaño experimentó un nivel de impacto más alto: la sanción más dura, el despido, alcanzó a un 35,96 % frente a 11,18 %. Incluso en el siguiente escalón de rigurosidad (suspensión de empleo por 3 meses y pérdida de antigüedad), igualmente aparece la planta cántabra más castigada, el 9,65 % frente al 7,59 %.
• 3.ª En Maliaño no se establecieron sanciones en los escalones más bajos de la depuración, a diferencia de la de Madrid.

Constatados estos extremos, cabe preguntarse por qué la plantilla de factoría cántabra experimentó tales niveles de castigo si, como ya hemos señalado, el mismo Consejo de Administración había admitido el perfecto estado del edificio y la maquinaria que recibió tras la recuperación del control de la planta camarguesa. Todo ello si, además, tenemos en cuenta que desde el punto de vista sociológico los obreros y empleados del establecimiento de Madrid habían demostrado un nivel de politización más alto durante el transcurso de la guerra, como puede colegirse de las iniciativas culturales y propagandísticas que desarrollaron. A modo de hipótesis, la razón hay que buscarla en la configuración profesional del conjunto de los trabajadores, que en el caso de la fábrica madrileña presentaban un perfil técnico muy superior a los de la de Maliaño, que eran más fácilmente reemplazables a tenor de los respectivos procesos de producción.

Por último, en la Junta General Ordinaria que tuvo lugar en Madrid el 29 de marzo de 1940 se daba por terminado el procedimiento depurador: «repuestos en sus funciones los elementos directivos un día separados por los rojos, efectuada la depuración de personal, en íntimo contacto con los mandos militares, prosiguió sus interrumpidas actividades…».

La dirección de la empresa se permitió un ejercicio de ejemplaridad con la plantilla cántabra, acorde con la línea represiva que marcaban las disposiciones emanadas del bando sublevado. La expulsión de más de un tercio de la plantilla y la suspensión temporal de empleo y pérdida de antigüedad de casi otro 10 % supuso una trasposición al ámbito laboral de la doctrina jurídica calificada como «justicia al revés», que caracterizó la represión de naturaleza política y social ejercida por el franquismo en el contexto de la Guerra Civil y la posguerra, acusando de rebeldía a quienes permanecieron fieles a la legalidad. Para cubrir los puestos de trabajo, una vez concluida la guerra, el gobierno impulsó la colocación preferente de excombatientes, excautivos y familiares de los «caídos por la Patria», tanto en el ámbito del empleo público como del privado. En este último caso, un Decreto del Ministerio de Trabajo de 25 de agosto de 1939 obligaba a las empresas a cubrir el 80 % de sus vacantes con personas de los mencionados colectivos.

Entrega de la distinción de empresa ejemplar. Información, 1945, 22 de julio.

Por el contrario, los obreros y empleados que fueron despedidos conocieron la exclusión social y económica, además de quedar marcados a futuro. Con esta medida se lanzaba un mensaje rotundo y nítido a la sociedad, especialmente a los trabajadores, al tiempo que se pretendían conseguir una serie de objetivos: provocar miedo, generar silencio, fomentar sumisión, impedir la protesta, facilitar el control; desarticular, en definitiva, al movimiento obrero e implantar un sistema de relaciones laborales corporativo y paternalista, institucionalizado a partir de la promulgación del Fuero del Trabajo en 1938, que caracterizó principalmente la etapa autárquica de la dictadura franquista. En esta línea, la distinción como ‘Empresa ejemplar’ primera, otorgada por el régimen a Standard Eléctrica en el año 1945, colocaría a la compañía como paradigma del modelo implantado.

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• Biblioteca Virtual Prensa Histórica – Ayuntamiento de Madrid
• Biblioteca Virtual Prensa Histórica – Ministerio de Cultura