El magistrado Luis Acayro Sánchez, que instruyó las causas de corrupción en Castro Urduales, fue condenado por prevaricación a raíz de actuaciones realizadas cuando, desde su juzgado de lo contencioso-administrativo, reclamó documentación sobre la contratación de un abogado experto en urbanismo con un ayuntamiento –que se sintió perseguido por la petición de documentación relacionada con la causa que se investigaba– y sin que el supuesto perjudicado acabara sufriendo un perjuicio efectivo.

La propia sentencia admitía que actuó convencido de cumplir con su deber –pese a ello, le condenó por prevaricación, que implica intención, el «a sabiendas»– , por lo que acudió al Supremo, que llegó a modificar la relación de hechos probados en un fallo que contó con los votos particulares de dos de los magistrados.

El caso va ya camino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras la a inadmisión del recurso de amparo por el Constitucional,  que no entró al fondo del asunto por falta de “especial trascendencia constitucional”,  como refleja esta providencia.