La situación de las familias de Hermanos Calderón, en Peñacastillo, no se explica únicamente por el vencimiento de unos contratos de alquiler. Las 107 viviendas forman parte de una promoción impulsada por la Obra Social de La Caixa como alquiler asequible y vendida en 2025 a Mosaic Propco, una sociedad inmobiliaria española integrada en una estructura societaria con presencia en Luxemburgo.

Un informe elaborado con información aportada por 15 unidades familiares, al que ha tenido acceso EL FARADIO, permite medir parte de la vulnerabilidad existente en los edificios. Seis hogares tienen menores, ocho cuentan con alguna persona con discapacidad, dependencia o incapacidad reconocida y siete incluyen al menos una persona de 65 años o más. Es una realidad que los afectados están intentando trasladar a instituciones cántabras como la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria o la Delegación de Gobierno.

En esos seis hogares viven 16 menores, desde los 21 meses hasta los 15 años. En tres de las familias con menores hay además situaciones de discapacidad o dependencia infantil. En siete hogares viven al menos diez personas de 65 años o más y en ocho existen pensiones, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), rentas sociales u otras prestaciones como fuente total o parcial de ingresos.

El documento recoge además cuatro hogares con situaciones de desempleo, entre ellas paro de larga duración, junto a personas autónomas, empleos temporales, reducciones de jornada por cuidados y bajas laborales. La permanencia en las viviendas oscila entre cuatro y 14 años, con una media cercana a nueve; ocho de las 15 familias llevan al menos una década.

El arraigo aparece asociado a colegios, institutos, médicos, familiares, terapias o centros de día. Uno de los casos recoge que un joven con una discapacidad del 90% acude a un centro de día situado en El Alisal. Otro hogar señala que un menor con autismo recibe atención de un logopeda en el mismo barrio.

 De la «Obra Social» a un fondo global

El origen de la promoción ayuda a entender el conflicto actual. Las viviendas de Hermanos Calderón nacieron dentro del programa de Vivienda Asequible de la Obra Social de La Caixa, que impulsó la construcción de los bloques en Peñacastillo con alquileres por debajo de los precios de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y dirigidos a familias que cumplían determinados requisitos económicos.

El Ayuntamiento de Santander estuvo implicado desde el inicio en la presentación y desarrollo público del proyecto: el entonces alcalde, Íñigo de la Serna, colocó en 2011 la primera piedra junto a responsables de La Caixa, participó posteriormente en la entrega de viviendas y el propio concejal de Vivienda llegó a definir la actuación como un ejemplo de “colaboración público-privada” para facilitar el acceso a vivienda asequible en la ciudad. La primera fase, de 70 viviendas, se entregó en 2013 y posteriormente se incorporaron otras 37, hasta alcanzar las actuales 107 viviendas, vinculadas durante años al programa de alquiler asequible de la entidad.

Esa situación cambió en 2025, cuando la cartera fue vendida a Mosaic Propco, sociedad española que pasó a ser propietaria de los inmuebles y que ha comenzado a comercializar viviendas conforme avanzan los vencimientos de los contratos y elevando los precios, mientras los residentes reclaman la continuidad de los alquileres.

Las familias se han organizado en la Plataforma de Afectados Alquileres Caixa/Mosaic Peñacastillo Santander y cuentan con el acompañamiento del Sindicato de Vivienda de Cantabria, que ha participado junto a los residentes en movilizaciones e intervenciones ante el Ayuntamiento. La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) también ha intervenido en el conflicto y ha pedido que el Ayuntamiento estudie la adquisición de las viviendas, así como partidos de la oposición municipal en Santander.

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