Este jueves, 19 de julio, se cumple un año del derrumbe parcial de un edificio en la calle del Sol de Santander que dejó a quince vecinos sin casa, por las obras en el bajo del número 57 para la reforma del Pub Master. La investigación municipal afloró una serie de irregularidades y sospechas de trato de favor en la concesión de licencias del Ayuntamiento de Santander a los promotores del nuevo establecimiento de hostelería.

El Pub Máster fue adquirido por Dos Imanes Producciones, una sociedad en la que son socios el hostelero y promotor –hasta este verano- de los conciertos de la Semana Grande en la Campa de la Magdalena, Guillermo Vega, y el ingeniero de caminos Javier Ruiz Ocejo, contratista habitual en obras municipales; ambos amigos personales tanto del exalcalde, Iñigo de la Serna, como del concejal de Obras, César Díaz.

Estado en que quedó el 57 de la calle del Sol tras el derrumbe || Foto: El Faradio

El suceso se produjo en torno a las 18.00 horas, aunque los vecinos llevaban semanas alertando de que las obras de acondicionamiento que se están llevando a cabo en la planta baja estaban afectando a la estructura del edificio.

Hasta tres denuncias presentaron en las dependencias de la Administración local, en las que alertaban de que las obras promovidas por Dos Imanes Producciones excedían la licencia municipal concedida.

Y es que las dos primeras licencias, otorgadas el 29 de marzo y el 26 de mayo –ésta última con un informe técnico favorable elaborado el mismo día– eran de obra menor, pero la reforma en el local superaba los límites de una obra menor.

Tras una primera denuncia de los vecinos, que derivó en una visita de una funcionaria del servicio de Arquitectura que no revisó las grietas que habían ido apareciendo en las paredes pero que ordenó la paralización cautelar de las obras, el 12 de junio la empresa solicitó una licencia de obra mayor.

Pese a que este tipo de papeleo puede llegar a demorarse meses, se concedió en un tiempo record de tan sólo once días, el día 23. Además, en este periodo de tiempo el Ayuntamiento de Santander retrasó hasta seis días el aviso a la Policía para que ejecutara la paralización.

También se agilizaron los trámites para que el expediente de paralización que se había activado tras la denuncia fuera levantado cuanto antes. Así que, cuando el 27 de junio varios agentes de la policía acudieron al lugar para solicitar las licencias, las obras ya se habían retomado pese a que no se había levantado formalmente el expediente.

Esto se llevó a cabo al día siguiente, cuando, tras la visita, ese día, una funcionaria preguntó al Jefe de Servicio de Arquitectura si se consideraba adecuado levantar esta paralización.

De hecho, el propio concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, César Díaz, llegó a reconocer el mismo día del derrumbe que no sabía precisar si las obras se habían llegado a paralizar pese a que confirmó que existía un expediente que así lo requería.

La cuestión es que el traspaso de ese expediente a la Policía Local también se retrasó esos días, dando un mayor margen hasta que se concediera la licencia de obra mayor. Cuando ésta se obtuvo, a principios del mes de julio, se continuaron los trabajos con las quejas vecinales.

Obras ordena a Policía, por teléfono, seguir con los trabajos. 27 de junio

Los vecinos llegaron a poner otras dos denuncias, el 6 de julio, que fue desoída por el Ayuntamiento, y el mismo día del derrumbe por la mañana, cuando una vecina llamó al 112 y a los bomberos para alertar de las grietas que se estaban formando rápidamente en su vivienda.

Los bomberos procedieron a la evacuación del edificio y durante el día fueron acompañando a los vecinos a recoger a algunos enseres. En este proceso se produjo el derrumbe que acabó totalmente con cinco viviendas y parcialmente con otras cinco.

De hecho, este mes de agosto, más de un año después, está previsto que cinco personas regresen a sus hogares mientras que otros cinco vecinos de las viviendas derruidas no verán la solución a su problema hasta un medio o largo plazo. Los cinco primeros, los menos afectados, regresaron dos meses después del suceso.

SIN CAUSA PENAL NI RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

A nivel político no ha habido ninguna responsabilidad cubierta tras este suceso, sino que en el Ayuntamiento se han limitado a cerrar filas en torno a la figura del concejal de Urbanismo, culpando primero a funcionarios y, más tarde, a la empresa promotora.

César Díaz y Gema Igual en rueda de prensa tras el derrumbe en Sol 57

Ese mismo mes, en el pleno que se celebró a finales de julio, el PP y los concejales tránsfugas de Ciudadanos impidieron que se tratara de urgencia el tema del derrumbe, ya que al suceder fuera de plazo se precisaba que una mayoría votara para incluir la moción de Ganemos en el orden del día.

Posteriormente, el 31 de agosto, el voto del edil tránsfuga David González le sirvió al Partido Popular para impedir que se creara una comisión de investigación.

Tampoco ha habido responsabilidades penales, ya que el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 archivó la causa penal, pese a un recurso del Ministerio Fiscal que desestimó en el mes de noviembre y cuyo archivo confirmó la Audiencia Provincial de Cantabria en febrero de este año.

Lo que sí se produjeron, tras ocho meses de investigación, fueron sanciones administrativas para los promotores de las obras. Dos Imanes Producciones, en calidad de sociedad promotora de las obras; Pedro Martínez Leal (Tainsa), en calidad de director de las obras; y Millan IC Multiservicios, en calidad de empresa contratista, fueron condenados al pago de 15.000 euros cada uno, el máximo contemplado en los casos de infracción grave por la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Además, la sanción incluye como medidas accesorias a la sanción económica la obligación de restaurar el orden alterado y de reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de los hechos.

Otra de las medidas sancionadoras que incluye la propuesta de resolución es la inhabilitación de 4 años para obtener subvenciones y ayudas públicas cuyo otorgamiento dependa del Ayuntamiento de Santander y la prohibición durante 4 años para celebrar contratos con el Ayuntamiento.

Ninguna de las tres empresas sancionadas ha recurrido esta sanción y tenían hasta 3 de julio para hacerlo vía judicial.

Lo que también es de destacar es que la medida no afectaba a otras empresas de los socios, como los espectáculos que viene organizando uno de los socios de Dos Imanes Producciones, Guillermo Vega, en Santander, ya que los organiza con otra empresa, Mouro Producciones.

Sin embargo, cabe destacar que en el proceso del concurso público para elegir promotor para el festival de conciertos con motivo de las fiestas de Santander, el ‘Música en Grande’ no ha sido elegido este año, ya que se ha optado por la otra empresa candidata, que ha organizado los conciertos de ‘La Campa’, que comenzarán la próxima semana.

La sanción tampoco afecta, por tanto, al otro socio, el ingeniero Javier Ruiz Ocejo, que trabaja con el Ayuntamiento a través de otra empresa distinta (JyP Cantabria Ingenieros).