Este martes, 26 de abril, se celebra en varios países el Día de la Visibilidad Lésbica como forma de reclamar la igualdad de derechos y oportunidades para las lesbianas.

Con motivo de esta conmemoración, la asociación feminista y LGTBI Las Sin Sombrero, muy arraigada en Castro Urdiales en colaboración con Cantabria no se vende, va a instalar una mesa informativa en la Plaza del Ayuntamiento casteña, a partir de las 18:00 horas.

Ambas asociaciones invitan a toda la población castreña a unirse a la iniciativa y señalan que a pesar de que en los últimos años se han conseguido avances las reivindicaciones de este colectivo no han variado mucho desde 2008, fecha en la que se comienza con esta celebración. “Tanto a nivel local como estatal, las mujeres lesbianas aquí y en todo el mundo siguen sufriendo múltiples discriminaciones”, lamentan.

Así, advierten de que la invisibilidad sigue estando presente en muchos ámbitos de su vida, así como los prejuicios y estereotipos sobre ellas. En este sentido, sigue siendo necesaria la sensibilización y formación del personal sanitario (en especial el de atención primaria y ginecológico) así como el personal de geriátricos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

“A pesar de ello, son muchas las mujeres lesbianas que en los últimos años han logrado dar un paso al frente y ser visibles. Esa visibilidad es importante y necesaria sobre todo para aquellas que hoy aún no pueden ser ellas mismas”, reivindican.

Y enumeran propuestas concretas e inmediatas necesarias, como la implantación de los programas de formación e información dirigidos a todos los centros educativos que incorporen diversidad afectivo-sexual, de género y familiar en todos los currículums y niveles formativos. Lograr que esa visibilidad se haga extensible al ámbito laboral es también una necesidad.

REUNIÓN DE LAS ASAMBLEAS ABIERTAS FEMINISTAS

Además, este martes a las 18.30 horas habrá reunión de las Asambleas Abiertas Feministas de Cantabria, que se celebrará en el Centro Social Smolny en Santander (calle Santa Teresa de Jesús), para hablar de los proyectos en los que están trabajando. El objetivo de la cita, abierta a todas las mujeres interesadas, es extender la lucha y el trabajo más allá de las citas del 8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer) o el 25 de Noviembre (Día Internacional contra la Violencia de Género).

LA DERIVADA LABORAL PERMITE JUZGAR A LOS PROPIETARIOS DE UN CLUB DE ALTERNE EN CICERO

Este lunes, a las 10.00 horas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria tiene previsto un juicio que bajo el objeto de encausar un presunto delito contra los derechos laborales, lo que incluye es un juicio a los responsables de un club de alterne en Cicero, que se desarrollará también miércoles y jueves.

En concreto, se juzgará a tres responsables de un prostíbulo acusados de no dar de alta en la Seguridad Social a varias trabajadoras, y de emplear a otras que carecían de permiso de trabajo.

Según el escrito del ministerio fiscal, uno de los acusados es el administrador único y socio fundador de la empresa que explotaba el citado club, y los otros dos, las personas que “contrataban a las mujeres, establecían los precios y dirigían el negocio”. De estos dos, uno era hijo del propietario del inmueble en el que estaba instalado el club.

En octubre de 2017, funcionarios de Policía Nacional acudieron al club a realizar una visita en el marco de las actividades inspectoras y de lucha contra el crimen organizado que le son propias.

Allí encontraron a once personas prestando servicios, todas ellas extranjeras, de las que siete desarrollaban actividades “de alterne”.

Seis de las personas identificadas eran mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, y otras tres carecían de autorización para trabajar.

En su escrito, la Fiscalía explica que las mujeres que ejercían el alterne “dormían, comían y cenaban” en el establecimiento, y su función era “captar clientes para incentivar el consumo de bebidas, recibiendo una retribución” que consistía en una comisión por cada copa.

Además, el club “fijaba el horario de las trabajadoras”, “con una jornada mínima de siete horas”, y éstas “vestían ropas de similares características, llamativas y provocativas, propias de la actividad que desarrollaban”.

Los hechos constituyen, a su juicio, un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de empleo a personas extranjeras que carecen de permiso de trabajo y de un delito contra los derechos de los trabajadores en la modalidad de no dar de alta en la Seguridad Social.

Según la fiscalía, procede imponer a cada uno de ellos una pena de tres años de prisión y multa de 2.700 euros, así como la inhabilitación especial para ejercer cargo de administrador de industria o comercio durante un periodo de tres años.

La Tesorería General, por su parte, ejerce la acusación particular contra dos de ellos: el administrador único de la empresa y gerente, y el que considera que era copropietario, socio mayoritario y gerente de hecho.

Para cada uno de los dos acusados solicita una condena de dos años y medio de prisión, inhabilitación para el cargo de administrador de industria y comercio por el mismo periodo, y 6.000 euros de multa.

Por su parte, las defensas de los tres acusados piden la libre absolución de los mismos, alegando desconocimiento de lo que sucedía en la empresa.

El panorama judicial incluye esta semana un juicio por abuso sexual a menores, en concreto, a un hombre acusado de abusar de la nieta de su pareja, de entre 11 y 15 años, a la que le decía que era “un juego”.

A consecuencia de estos hechos, según el informe médico forense, la menor sufre como secuela estrés postraumático moderado “íntimamente relacionada con los hechos denunciados”.

La fiscalía considera al acusado autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, con intimidación, acceso carnal y aprovechándose de una relación de superioridad o parentesco.

Teléfono de asistencia a víctimas de violencia de género. No deja rastro en la factura aunque hay que borrarlo de las las llamadas realizadas

A su juicio, este delito es merecedor de una pena de doce años de prisión, libertad vigilada durante diez años, prohibición de comunicar o acercarse a la menor durante catorce años e inhabilitación para profesión u oficio relacionado con menores durante dieciséis años.

Además, considera que el acusado debe indemnizar a la menor con 15.000 euros por los daños morales causados y las secuelas que padece.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la familia de la menor coincide en la calificación del delito del ministerio fiscal pero añade la circunstancia agravante de ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias del lugar y tiempo, lo que facilitó la comisión del delito.

Su petición de pena asciende a 16 años de prisión, otros tantos de inhabilitación para profesión u oficio con menores, diez de libertad vigilada, catorce de alejamiento y prohibición de comunicar con la menor, e indemnización de 25.000 euros.