“No lo vi venir”: El reto de organizarse para anticiparse a los desahucios por las viviendas turísticas
En la calle San Simón hace dos años hubo un intento de desahucio durísimo, el de Manuel, con una delicada situación económica, de salud y administrativa en la que llegó a asomarse una empresa de desocupaciones (sic), en un proceso que se extendió más allá de ese día.
Hay cosas que ya han cambiado en la misma calle desde aquella mañana de un septiembre raro de salida de pandemia.
Al hotel que ya existía le han surgido alrededor varios locales de hostelería (había algunos muy integrados en la zona, como la cervecería artesanal o el castizo Chanquete), generando un efecto zona que de alguna forma lo está convirtiendo en una prolongación de la cercana Cañadío. Las aplicaciones de viviendas turísticas nos arrojan varios pisos (no es una calle muy larga), y las de alquileres también, pero todos especifican que no son para fijo durante todo el año.
Allí resiste, veterano ya, el Centro Cultural Eureka, uno de esos espacios que hace barrio y comunidad a base de talleres, proyecciones, pinchadas…, y que acogía este sábado una charla encuentro en torno al problema de la vivienda, organizada por la PAH, que había invitado a miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para que compartieran su experiencia en la lucha por el derecho a la vivienda.
Gonzalo (cántabro afincado en Madrid) y Lucas contaban a los asistentes el origen del movimiento, que comenzó cuando la crisis de vivienda que estalló con la crisis financiera fue virando de las hipotecas al acceso al alquiler hasta desembocar ahora en el impacto de las viviendas turísticas en la expulsión de inquilinas, con la base del aprendizaje previo de la PAH o las asambleas de barrio.
“NO TENEMOS QUE ESPERAR A SER UN PARQUE TEMÁTICO”
La clave es la anticipación, sobre todo porque, como alertaban, “cualquiera que lleve viviendo de alquiler más de 7 años está en riesgo de desahucio”, pues tras ese plazo los precios pueden subirse y sucede lo que empiezan a detectar, que “cada vez más gente recibe el burofax del desahucio o el fin del contrato”. “No lo vi venir”, compartía gráficamente una de las asistentes su experiencia con la venta de todo el edificio en el que se encontraba su piso a un nuevo propietario, un fondo, que les elevó los precios de los alquileres.
Son “desahucios invisibles” y están suponiendo un nuevo reto para los movimientos en defensa del derecho constitucional a la vivienda: si en la primera oleada de la crisis bancaria el reto fue convencer de que los problemas para pagar la hipoteca trascendían lo meramente individual y eran un asunto público y político –como confirmaría el rescate bancario- y luego el relacionar el fin de un contrato de arrendamiento con la palabra desahucio, ahora el reto es hacer entender la relación directa entre las viviendas turísticas y los procesos de expulsión, sorteando la tentación de la solución individual.
En Cantabria es un proceso que está aflorando ya, los precios que comienzan a hacer imposible pensar en alquileres, las demandas de una regulación de vivienda turística o la masiva protesta de Loredo y Langre. El intento de expulsión de los vecinos del edificio de la calle Santa Clara, el primer “bloque en lucha”, ha sido el primer caso en el que se pudo establecer una relación directa entre las viviendas
LA “ACCIÓN DIRECTA” DE SIEMPRE
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han compartido experiencias de organización que vienen poniendo en práctica, y que no dejan de ser la “acción directa” de siempre, como las Brigadas Inquilinas, visitas casa a casa de viviendas que puedan ser objeto de estas medidas, o la información, el listado de edificios verticales (propiedad de un mismo dueño, inmobiliaria o fondo), la coordinación a través de Bloques en lucha, acciones contra inmobiliarias o de sensibilización sobre el impacto de las viviendas turísticas.
Pero todo lo que tiene que ver con la vivienda se está complicando mucho: con la aparición de intermediarios más allá de las inmobiliarias , como agencias especializadas en alquileres y “otros agentes extraños”, con el problema de que se siguen cobrando los honorarios, han enumerado.
Los activistas expusieron también algunas de las prácticas a las que recurren: desde permanecer en la vivienda una vez finalizado el contrato, pero abonando el pago de la vivienda con las condiciones que se venían manteniendo, pues eso abre un proceso administrativo con el que se gana tiempo.
O como ante una comunicación del fin del contrato y subidas de alquileres, se puede responder que no, y eso “cambia la relación de fuerzas”; incluso escraches a oficinas de empresas que asumen tareas de desocupación (que, recuerdan, es ilegal, por lo tanto, denunciable, para lo que recomiendan también grabar las acciones. Y un consejo, investigar al casero, para conocer cuáles son sus prácticas
Y han conseguido victorias, desde pequeñas batallas de particulares hasta bloques enteros rescatados, incluso llegaron forzar al todopoderoso Black Stone a renegociar cientos de contratos en distintos ayuntamientos madrileños.
En algunas de ellas, como la identificación de los pisos turísticos, de cara a determinar cuáles son legales o no, se está trabajando en Cantabria desde la PAH, que también prepara una moción para que se presente en los ayuntamientos instando a aprobar a una moratoria en los permisos para viviendas turísticas hasta que haya una normativa clara, junto a límites al número de viviendas, promover que los alquileres sean duraderos, entre otras medidas.
En Torrelavega, por su parte, la PAH está viviendo un proceso de reactivación por el que están pasando a demandar a los bancos y logrando indemnizaciones por las viviendas que se perdieron en las primeras oleadas de desahucios.
