La desregulación allana el camino al turismo intensivo este verano en Santander y Cantabria
Si bien hay quien hace gala desde la política institucional de que su forma de gestionar un problema es no hacer nada -un clásico ya por ejemplo en vivienda y una renuncia a la política que sorprende cuando viene desde la propia política, confesando no sabemos si su desgana o inutilidad-, lo cierto es que si sabes que en una zona sin semáforos se están produciendo muchos accidentes, tienes la competencia para ponerlos y no los instalas, no es que no estás haciendo nada: evidentemente estás permitiendo que pase.
No sólo es que no hacer nada sea permitir cosas, sino que básicamente es una ideología en sí misma, con matices.
Es un poco lo que sucederá este verano en Cantabria, que todo apunta que vivirá su segundo verano sin una normativa actualizada de viviendas turísticas -pese al auge del discurso sobre la agilidad administrativa- y, sobremanera en Santander, donde el Ayuntamiento no llega a tiempo a regulaciones clave en materia de hostelería, tráfico, ruido o taxis.
Viviendas turísticas: el decreto no llega y los alquileres se disparan
En abril de 2024, el Gobierno de Cantabria inició la elaboración de un nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico, con el objetivo de actualizar la normativa vigente desde 2019. Un año después, el texto aún no ha sido aprobado y permanece en revisión por parte de los servicios jurídicos.
El retraso en la regulación permite que crezcan los pisos puestos en alquiler turístico por particulares, el rentismo clásico, fondos de capital riesgo, inmobiliarias o empresas intermediarias, — sin que se inspeccione si cumplen las normas–,
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y que estas viviendas desaparezcan del mercado de alquiler para familias, trabajadores o estudiantes, encareciendo por tanto los precios, aplicando las mismas teorías del mercado que invoca la derecha para hablar de vivienda –y que siempre obvian factores que distorsionan el mercado como la mayor capacidad de quien puede comprar más pisos o la desigualdad de renta que tiene personas de otros territorios que invierten aquí en segundas residencias–.
Mientras iban llegando temporadas altas -Semana Santa pasada, el verano pasado, esta Semana Santa, este verano-, el Gobierno desechó la posibilidad de una moratoria que congelara las viviendas turísticas hasta que hubiera una normativa clara -así lo pidieron en alegaciones organizaciones como Izquierda Unida o Ecologistas en Acción-. Es algo que se ha hecho en otras ciudades o comunidades y que se aplicó en Cantabria incluso con la construcción de viviendas en la costa con el POL, y con voto unánime de partidos como el PP o el PRC.
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Durante este periodo, el precio del alquiler en Cantabria ha experimentado un notable incremento. Según datos de pisos.com, en febrero de 2025 el precio medio alcanzó los 9,7 €/m², un 7,18% más que en febrero de 2024.
Terrazas: una ordenanza en espera
El Ayuntamiento de Santander trabaja en una nueva ordenanza de terrazas, con el objetivo de actualizar el marco legal heredado de la pandemia y buscar un equilibrio entre la actividad hostelera y el descanso vecinal.
Una argumentación que choca con lo dicho por el propio Partido Popular en su campaña electoral a las municipales de Santander: en argumentarios de su Web, explicaba que no es que las normas hubieran cambiado para que hubiera más terrazas, sino que los hosteleros estaban recurriendo más a las normas que ya había y que no habían desarrollado en su totalidad, ante la necesidad de más espacio por la pandemia.
Lo que ha cambiado, entonces, es la ausencia de pandemia, no las normas municipales que permitían las terrazas –que de hecho impidieron que las hubiera en otros espacios en aquellos mismos momentos en que para muchos negocios pequeños alejados del centro suponían una fuente de ingresos-.
Recientemente, la alcaldesa Gema Igual ha confirmado que la nueva regulación no llegará a tiempo para este verano.
Ruido: sin control efectivo ni zonas saturadas
Pese a que el Ayuntamiento ha aprobado recientemente un Plan de Acción contra el Ruido, la ciudad sigue sin aplicar medidas efectivas para mitigar los efectos del ocio nocturno.
Entre las medidas previstas está la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que permitiría limitar nuevas licencias de actividad o terrazas en zonas con altos niveles de contaminación acústica, y que no está aprobada.
Zonas de bajas emisiones: promesas sin aplicación
La ley obliga desde 2023 a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
El Ayuntamiento de Santander, obligado, está dando los primeros pasos, tras muchos retrasos y argumentos rocambolescos (la alcaldesa llegó a cuestionar que Santander tuviera que acogerse a esa Ley, o intentó rechazar que se prohibiera todo el tráfico, creando así un ‘hombre de paja’, ya que la Ley no sólo no decía que se hiciera eso, prohibir todo, sino que delegaba la concreción en los ayuntamientos).
El retraso en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones no impidió que el Ayuntamiento de Santander se acogiera a varios fondos europeos en materia de movilidad con el argumento de que iba a acelerar su implantación.
No ha sido hasta marzo de 2025 cuando el Ayuntamiento ha subcontratado a la consultora Apia XXI para redactar el proyecto técnico de las zonas –pese a que teóricamente hay una empresa a la que se le ha adjudicado en concurso público todo lo que tiene que ver con las zonas de bajas emisiones o a que el Consistorio ya había encargado un trabajo previo de medición de sensores, además de disponer de los datos de tráfico en su Plan contra el Ruido, que de hecho excluía el ocio nocturno como fuente-.
Taxis congelados y Uber en auge
El decreto regional aprobado en septiembre de 2024 permite otorgar licencias temporales de taxi para reforzar el servicio en épocas de alta demanda.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Santander aún no ha adaptado su ordenanza local para aplicarlo, por lo que no habrá nuevos refuerzos este verano en los taxis de toda la vida.
En este vacío, Uber ha encontrado terreno fértil. Desde su entrada en Cantabria en julio de 2024, la plataforma ha registrado un rápido crecimiento. La región cuenta ya con 179 licencias VTC activas, muchas de ellas operando con Uber. La empresa destaca la “alta demanda de pasajeros, usuarios internacionales e incentivos competitivos” y en distintos foros ha puesto a Cantabria como ejemplo de su posicionamiento.
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