El Ministerio de Consumo logra que Booking retire más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, también en Cantabria
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que Booking ha retirado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos ilegales tras recibir un requerimiento por parte de este departamento. El aviso advertía a la multinacional sobre la presencia de publicidad que no cumple con la normativa vigente.
La mayor parte de los anuncios eliminados estaban ubicados en las Islas Canarias, una de las regiones con más presión turística, aunque también se han retirado publicaciones en comunidades como Cantabria, Asturias, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.
El requerimiento fue enviado por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, y es parte de una estrategia para frenar la proliferación de viviendas turísticas no reguladas. Según el Ministerio, esta situación afecta gravemente al acceso a la vivienda en muchas zonas del Estado, sobre todo en aquellas con gran afluencia de visitantes.
En el comunicado difundido este jueves, Consumo destaca que Booking colaboró tras el primer requerimiento, lo que permitió suprimir los anuncios que incumplían la ley. «Es necesario garantizar que estas publicaciones ofrezcan todas las garantías a las personas consumidoras», señala el texto.
La intervención se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ratificara la orden emitida por Consumo contra Airbnb, por la que se instaba a retirar más de 65.000 anuncios ilegales. La plataforma había solicitado medidas cautelares para no acatar el requerimiento inicial, pero el TSJ desestimó la petición, reforzando la posición del Ministerio.
En ese caso, los anuncios detectados como ilícitos ascienden a 65.935 y corresponden a tres requerimientos distintos.
La Unidad de Análisis de Consumo identificó las irregularidades, que en la mayoría de los casos se deben a tres motivos principales:
En primer lugar, muchos anuncios no incluyen el número de licencia o registro, un requisito legal en diversas normativas autonómicas. Además, otros presentan números de licencia falsos o no reconocidos oficialmente, lo que puede inducir a error a las personas usuarias. Finalmente, una parte relevante de las publicaciones no especifica si el arrendador es un particular o un profesional, un dato clave para determinar si el cliente tiene derechos como consumidor.
La lucha contra el alquiler turístico ilegal se ha convertido en una prioridad para el Gobierno central, que considera que estas prácticas contribuyen al incremento de los precios de alquiler y dificultan el acceso a la vivienda habitual.
Territorios como el País Vasco o ciudades como Santiago de Compostela han llegado a acuerdos con Consumo para favorecer el intercambio de información que permite localizar más pisos ilegales, por tanto, devolverlos al mercado de alquiler y contribuir al descenso de precios.
En comunidades como Cantabria, el crecimiento de las viviendas de uso turístico ha sido motivo de debate político y social, con críticas desde colectivos vecinales y del sector hotelero por el impacto en el mercado residencial y la competencia desleal. Desde Cantabria No Se Vende, que denuncia el modelo de explotación turística impuesto, se llegó a elaborar un listado de los pisos turísticos ilegales.
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Santander, la ciudad del norte con más crecimiento de viviendas turísticas en el último año
En este contexto, el Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha repasado este jueves una serie de medidas en materia de turismo durante el Debate de Orientación Política de 2025.
Entre los anuncios figuran la continuación del proyecto del Teleférico Mirador del Pas, la próxima inauguración en julio del Mirador de Peña Cabarga y la finalización del Mirador del Palacio de Festivales. Además, se ha comunicado la puesta en marcha de una nueva línea de innivación en Alto Campoo, la inversión de 12 millones de euros para renovar el Teleférico de Fuente Dé, la reforma integral del Hotel Refugio de Aliva y 2 millones de euros para mejorar los campos de golf.
Todo mientras este verano no estará listo –y será el segundo verano que pasa- el decreto que regule las viviendas turísticas en Cantabria –cuando se empezó a elaborar organizaciones como IU pidieron una moratoria, es decir, que no se concedieran más permisos mientras no hubiera normativa clara–…
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…mientras la Consejería de Fomento, responsable de las competencias de Vivienda, ni siquiera menciona en su recientemente presentada Ley de Vivienda el impacto de las viviendas turísticas en los precios de vivienda –dedicando más prioridad política a las ocupaciones, dos el último trimestre, que a los desahucios–
Media lleva al Senado su cruzada antiocupación (dos casos el último trimestre, 19 en todo 2024)
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