Tras el cierre en falso del caso Carreteras, llega el carpetazo a su derivada en Gesvican
Por los pasillos de los juzgados se suele decir que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, aludiendo a los costes que suele suponer una vista judicial y a la rapidez de los acuerdos frente al tiempo en que esta tardara en celebrarse.
Una frase que puede valer en juicios en general pero que en aquellos que suponen gestión de dinero público se traducen en menos información para el ciudadano sobre como sucedió todo: al margen de las penas, en una vista se hacen preguntas y se dan respuestas sobre más detalles, de los que vamos a quedar privados tanto en el caso Carreteras como en su derivada en la empresa pública Gesvican, en virtud de los acuerdos de conformidad alcanzados.
El funcionario de Carreteras y Secundino Vidal de Celis de RUCECAN
Un acuerdo de conformidad es una herramienta común en los tribunales: las partes alcanzan un pacto que se traduce en que no hará falta juicio, los acusados admiten los hechos y se dicta sentencia, normalmente reducida atendiendo a lo que se interpreta como un gesto de buena fe.
Ya vimos un avance en el caso Carreteras, que estalló con esa redada policial en la Consejería de Obras Públicas, la pasada legislatura, y con las investigaciones policiales que revelaron que el funcionario Miguel Ángel Díez Barrio, ejercía en la práctica como consultor asesorando a las constructoras SENOR, RUCECAN y la empresa de jardinería y otros servicios LA ENCINA sobre la mejor forma de conseguir contratos públicos. El caso se saldó con la única entrada en prisión del funcionario, y con condenas, pero no de prisión, para las empresas.
Como acreditaron las escuchas, detalladas en su día por EL FARADIO, Díez ayudaba a los hermanos Celis (RUCECAN), José Saiz (LA ENCINA) y Ricardo Fernández (SENOR) a calcular las bajas, a preparar ofertas con las que repartirse zonas o les adelantaba documentación técnica.
API, RUCECAN, LA ENCINA y la “UTE diabólica” se repartieron las zonas del contrato de las cunetas
La trama se complementaba con pagos de las empresas al funcionario y con operaciones para encubrir el enriquecimiento a través de sociedades falsas o contratos a nombre de su familia, fundamentalmente su esposa.
Inicialmente las escuchas también señalan conversaciones de otra empresa, API MOVILIDAD, que sin embargo no se han traducido en condenas.
Como reflejaron las noticias del seguimiento hecho por EL FARADIO, las escuchas detectaron otra fuga de información de la administración hacia empresas, bien por colaboradores cercanos al funcionario u otros empleados públicos, en este caso, en la empresa pública GESVICAN, a la que se derivaban algunos contratos para lograr una mayor agilidad administrativa.
De ahí derivó una pieza separada –un segundo caso—, en el que se han confirmado hasta tarifas de entre 2.000 y 5.000 euros por asesoramiento a empresas, y que es el que esta semana correrá la misma suerte que el primero, el del funcionario de Carreteras –lo sucedido se ciñó a esa área–: un acuerdo de conformidad por el que la única información del funcionamiento de la red será la que se ha manejado hasta ahora, pero no más.
En concreto, este viernes 23 se ha convocado en a Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria la vista formalizar el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, esto es, tanto la Fiscalía como el Gobierno de Cantabria, que ejerce la acusación particular, como los cinco investigados —dos empleados públicos de Gesvican y tres empresarios de SENOR (Ricardo Fernández) y RUCECAN (los dos hermanos Celis).
Los empleados públicos encausados, Eduardo Suengas y Joaquín Díez González, obtuvieron hasta 53.000 euros por influir de este modo en al menos tres adjudicaciones. Las penas y responsabilidades afectarán a los empresarios, pero no a sus empresas, que de hecho siguen presentándose a empresas públicas, pese a que las escuchas también determinaron conocimiento de los hechos por parte de personas en el segundo nivel de responsabilidad –encargados, administrativos, etc…-
CONSULTA EN ESTA ETIQUETA TODO LO QUE PUBLICAMOS EN SU DÍA DEL CASO
📢 Rompe el algoritmo: Comparte esta información en tus redes o grupos de mensajería para que se sepa cómo se cierran las causas que afectan a lo público.
🧱 Podemos hablar de corrupción en obra pública y empresas públicas gracias a apoyos como el tuyo. Súmate y hazte socia o socio desde 8 euros al mes en 👉 https://www.elfaradio.com/hazte-socio/
Noticias relacionadas:
- El dueño de LA ENCINA tenía una contabilidad manuscrita con pagos al jefe de Servicio de Carreteras
- La mujer del jefe de Carreteras figura como socia de una empresa inmobiliaria, además de la copistería fantasma de la familia
- La mujer del jefe de Carreteras recibía ingresos de RUCECAN por actividades ganaderas
- Una de las hijas del funcionario de Carreteras hizo prácticas pagadas en API MOVILIDAD sin haber desarrollado actividad allí
