El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ya había expuesto su primera valoración este lunes, una vez que se conoció que se suspendía, cautelarmente, el acto de apertura de la Comisión de Investigación del contrato de las basuras.

Este martes por la mañana se ha producido una Junta de Portavoces en el Ayuntamiento, y los socialistas han querido entrar más al fondo de la cuestión. El Pleno había aprobado, con el voto favorable de 16 de sus 27 concejales, que se constituyese la Comisión y que sus trabajos empezasen de inmediato. Ahora el PSOE argumenta en torno a 15 puntos que han publicado en un comunicado. Son estos:

1. La suspensión de la Comisión de Investigación del Contrato de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria resuelta por la alcaldesa de Santander es un atentado contra la democracia, un montaje ilegal, un atropello contra el Pleno y la mayoría inequívoca de los santanderinos y un escándalo político sin precedentes.

2. Se trata de una resolución dictada por la alcaldesa, Gema Igual, a sabiendas de su injusticia y su ilegalidad, por lo que no puede ser calificada de otra manera que de cacicada que podrá derivar en responsabilidades penales.

3. La suspensión de la Comisión de Investigación es ilegal. La convocatoria de la Comisión no es más que un acto de trámite y por lo tanto no era objeto de recurso, por lo que es inadmisible que se haya admitido y resuelto favorablemente en unas pocas horas; sólo es objeto de recurso un acuerdo principal, como era el acuerdo del Pleno del pasado 29 de julio.

4. La alcaldesa no es órgano competente para resolver el recurso. El único competente es el Pleno, que es el órgano que ha acordado la creación de la Comisión de Investigación. Si la concejala tenía algún inconveniente con el inicio de la Comisión de Investigación podía haber presentado una medida cautelar ante el juzgado. Si en el PP están tan seguros de que la Comisión de Investigación causa un perjuicio tan grave e irreparable, que hubieran ido al juzgado. Pero han hecho un montaje antijurídico a sabiendas de que es ilegal, con la participación de los servicios municipales. Lo que realmente causa un perjuicio a los ciudadanos es que no se permita a la mayoría del Pleno investigar este contrato en el que se han dilapidado millones de euros de dinero público de todos los santanderinos.

5. No se puede acordar la suspensión sin dar trámite de audiencia a las partes afectadas (que son los concejales). Es nulo. Cualquier escrito se tendría que haber dado trasladado a las partes y luego, en todo caso, tras escucharlas, resolver. Sólo hay una figura como la que han perpetrado ilegalmente, que es la medida cautelarísima, en vía judicial. Ni siquiera una medida cautelar judicial tiene ese privilegio. Por lo tanto, en el procedimiento de suspensión de la Comisión de Investigación, se han vulnerado los derechos de los concejales.

6. No hay ningún trámite de urgencia y lo han tramitado todo con una celeridad escandalosa. Un recurso de reposición tiene un plazo hasta de un mes (117.1 LPCA 39/2015), pero lo han hecho todo en un fin de semana del mes de agosto, lo que es un privilegio de una concejala del PP en el acceso a la resolución de los técnicos municipales, que deben ser neutrales.

7. Hay un claro y gravísimo conflicto de interés, porque la alcaldesa está resolviendo favorablemente un recurso de una persona de su confianza, nombrada por ella y en quien ella misma ha delegado las competencias de Medio Ambiente, la señora Margarita Rojo. Esun absurdo que una concejala delegada impugne una decisión de trámite de su superior.

8. El recurso de la concejala de Medio Ambiente es puro humo: está plagado de mentiras, manipulaciones y contradicciones. Entre otras, es mentiroso porque la comisión de investigación también tiene voto ponderado de los concejales en función de la representación de los grupos políticos en el Pleno, como cualquier otra comisión permanente. Y sólo dos de los diez concejales que formarán parte tienen derecho a indemnización por asistencia; el resto, al estar liberados (cuatro del equipo de Gobierno PP-Cs y los portavoces de la oposición) no cobran dietas, por lo que no se sostiene perjuicio económico alguno para el Ayuntamiento de Santander.

9. La Comisión de Investigación contaba con informe favorable del Secretario General. En informe de 21 de julio, previo al Pleno del mes pasado, afirmaba que la proposición «se ajusta en lo fundamental» a la regulación establecida en el artículo 60.4 del Reglamento Orgánico del Pleno, en la que «encuentra amparo», que el recurso del Grupo Popular está pendiente de pronunciamiento judicial, lo que «no impide que la norma en cuestión despliegue todos sus efectos jurídicos, ya que instada su suspensión cautelar resultó denegada por el referido tribunal».

10. El Grupo Popular, por lo tanto, ha elaborado un montaje antijurídico, que es un escándalo político anti democrático. Y el PP ha procedido así porque era ya la única manera que tenía de evitar la Comisión de Investigación, dado que el único recurso que puede presentar es ante el Pleno y está en clara minoría.

11. El PP trataba, en última instancia, de evitar que los santanderinos y santanderinas accedan a toda la verdad del contrato de las basuras, que ha llevado a Santander a estar más sucia que nunca.

12. Un contrato del que es responsable el PP, porque se firmó a la baja durante su Gobierno, con un recorte de 50 millones de euros (mientras se subía un 125% la tasa de las basuras a los vecinos), acordando una reducción de 100 barrenderos y rutas de recogida, con efectos diferidos, y que el PP se ha quitado de en medio el contrato cuando empezaba a poner en riesgo sus intereses electorales partidistas, pagando los sobrecostes a una empresa contratada a dedo para una emergencia provocada por el propio gobierno municipal.

13. Y sobre el que hay relaciones de poder entre la empresa concesionaria y el Partido Popular, con puertas giratorias de entrada y de salida y posibles contrapartidas en forma de adjudicaciones de obra o de VPO, así como recalificaciones urbanísticas, para compensar la merma del contrato.

14. Que salgan a la luz y se depuren las responsabilidades políticas o judiciales por todas estas irregularidades y muchas otras es lo que el Partido Popular trata de obstruir con todo tipo de maniobras ilegales para que no llegue a hacerse la comisión de investigación de las basuras antes de las próximas elecciones municipales.

15. El Partido Popular se presentaba ante esta Comisión de Investigación en calidad de investigado por todas las irregularidades en el contrato de las basuras y ha activado todos los resortes del poder que le quedaban para boicotear el inicio de la investigación, pero ha cometido un cúmulo de ilegalidades que tendrá que pagar en los tribunales y en las urnas.