En anteriores adjudicaciones del contrato de basuras de Santander la propia situación económica hizo que la licitación resultara atractiva a las grandes empresas mutiservicios  (evolución de las ingenierías de obra pública en un  momento de menos infraestructura en la que un servicio a décadas resultaba más interesante al suponer ingresos fijos).

Y aunque al final se quedó en casa, renovándose la adjudicación a empresas del grupo constructor SADISA (propietario de la empresa ASCAN, entre otras), fue un contrato disputado, con interés de la plana mayor de las grandes.

Diez años después ha pasado de todo: ha dado tiempo a detectar las consecuencias sobre la limpieza de la ciudad de una adjudicación a la baja, a rescindir el contrato y adjudicar a otra empresa por emergencia, a una conflictividad judicial no acabada, incluso a una huida hacia adelante del PP que ha preferido no tener presupuestos para la ciudad a aclarar lo sucedido, obstaculizando de todas las formas posibles –incluyendo la denuncia al propio Ayuntamiento- la creación de una comisión de investigación –incluso la propia existencia de las comisiones de investigación, posibilidad que los ‘populares’ no habían contemplado para la ciudad pese a sus décadas de gobierno único.

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El nuevo contrato de basuras de Santander ha salido a licitación, en una confesión no explícita de los fallos acumulados, y  ha concitado también mucho interés, pero sobre todo dudas: el proceso acumula más de un centenar de consultas sobre el pliego (los documentos en los que el Ayuntamiento establece los criterios que deben cumplirse para conseguir la adjudicación, desde lo económico a lo técnico o medios materiales) de interesados que piden más precisión en las condiciones, advierten sobre contradicciones entre distintas partes del texto, ven ambigüedades en el documento, etc…

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Son más de cien consultas (unas 120, en concreto), y cada consulta no equivale a una única pregunta, es decir, hay aspirantes que realizan varias preguntas de una tacada por lo que el número de preguntas o dudas sería todavía mayor.

LAS CONSULTAS

Las consultas realizadas durante el proceso de licitación, analizadas por EL FARADIO, incluyen, por ejemplo, petición de detalles específicos sobre el personal que se subrogaría o no, con petición de concreción de los salarios que cobran por categoría (toda vez que forman parte de la oferta) y los acuerdos laborales en los que quedó reflejada esa cifra.

Las dudas van desde  las previsiones de subida de precios en función de variaciones de costes (gasolina, etc…), al ceñirlo a una horquilla de un 6%, por ejemplo, hasta información que echan en falta que proporcione el Ayuntamiento y que servirían para cumplir con más precisión con las normas del propio pliego, como la ausencia de costes de mantenimiento en los primeros años, el detalle de cuándo llegarán  los contenedores soterrados,cifras de recogida de los últimos tiempos de residuos para hacerse una estimación del volumen que tendrán que asumir,

Muchas de las preguntas plantean si son correctas las interpretaciones qué los aspirantes hacen  de lo que dice el pliego, al percibir ambigüedades.

Otras advierten de contradicciones en si la plataforma de gestión debe ser propia o subcontratada, remitiéndose a distintas partes del pliego, o cómo hacer con las licencias informáticas y sus renovaciones, o cómo se establece una base de datos que no es la que se usa normalmente en otras empresas y administraciones,

O sobre la maquinaria: el Ayuntamiento asegura que si tiene maquinaria podrá usarse, y alguna empresa llama la atención sobre que el actual prestador del servicio devuelva la maquinaria que usa ahora y no sea suya, por lo que, en consecuencia, para estar “en igualdad de condiciones”, reclaman ese listado de la maquinaria que le corresponde al Consistorio.

También se recogen dudas sobre referencias que se hacen en el pliego a cuestiones que no se habían planteado antes, incongruencias en formas de definir los costes y beneficios (en el sentido de no seguirse siempre el mismo criterio) o partes del pliego que aseguran que según donde se adjunte una oferta que se pide puede suponer factor de exclusión, detectándose contradicciones en las indicaciones.

O quieren poder ver sobre el terreno las instalaciones ya existentes o los medios materiales que se fueran a ceder

Algunas de las consultas son por la suspensión del procedimiento tras un recurso judicial.

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