CRISIS DE LAS BASURAS
Foto: Carlos Atienza

El contrato de las basuras de Santander vuelve a la casilla de salida…de 2003

El PP de Santander asume que el contrato de las basuras no puede ir de rebaja en rebaja
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Lo planteó una vez en el Pleno del Ayuntamiento de Santander quien fuera concejal de Medio Ambiente, el exempleado de SADISA, José Ignacio Quirós, que antes de ser concejal participó, como cargo de confianza, en el proceso de selección de la empresa que gestionaría las basuras, volviendo a caer en, sí, SADISA.

Los criterios subjetivos fueron claves en la renovación de la adjudicación de las basuras

En aquel momento, en una sesión plenaria, Quirós mencionaba la cifra de origen de la que se había establecido que valdría prestar el servicio:  22,7 millones de euros (la cifra de cuando se adjudicó en 2003, IVA incluido).

Y –eran otros tiempos–, presumió de su rebaja en la siguiente renovación, aquella que fue en plena onda expansiva de la crisis, 2012-2013, cuando la falta de trabajo llevó a las principales multiservicios (eufemismo de constructoras e ingenierías reconvertidas) estatales a enviar sus mejores hombres de negro a Santander, sin que pudieran frente a la multiservicio local, SADISA, que retuvo un contrato que le proporcionaba ingresos estables.

De los 22 a los 17,5 millones, esto es, 5,2 millones menos de gasto al año, esto es, 52 millones de ahorro en la década de vigencia, presentado como un logro de gestión sin responder a la cuadratura del círculo: a cómo es posible hacer algo igual con medio centenar menos de millones de euros y garantizando encima que la adjudicataria tuviera eso que buscan las empresas por definición: beneficios.

Esa cifra de 2003, esos 22,7 millones de euros por diez años, es el punto de partida del nuevo contrato de basuras en Santander, que hubo que rescindir a la adjudicataria y encargar a otra de urgencia.

Una urgencia creada por la propia institución y una pandemia que ya ha pasado lo peor como argumento: las dudas sobre la adjudicación de emergencia

Y eso es lo que se ha presentado este lunes por el PP local: el detalle de los pliegos que tendrán que cumplir en principio las empresas que quieran prestar el servicio, si bien la experiencia dice que de lo licitado (lo que se fija de partida por la administración) a lo adjudicado la cifra puede variar a la baja. Temeraria o desproporcionada, que no es sólo un adjetivo, sino una práctica muy criticada en las adjudicaciones y que con las basuras se aplicó año tras año, con el resultado sabido:  menos personal, menos mantenimiento, menos vehículos y menos renovación. El resultado fue, en definitiva, que en las ferreterías históricas de Santander te pongan más a la vista los raticidas que las ollas.

Los trabajadores de las basuras de Santander advierten de que «la sangría con la plantilla ha sido desproporcionada»

 

EL PP SE RECTIFICA A SÍ MISMO

No es la primera vez que el PP se rectifica a sí mismo en una propuesta que es responsabilidad única y exclusivamente de sí mismos (frente a su tendencia habitual a buscar responsables externos, de los gobiernos centrales o autonómicos a los vecinos que protestan).

Sucedió la legislatura pasada con el MetroTus, cuando el PP modificó el modelo de transportes en la ciudad sumando transbordos que en lugar de acercar, alejaron a los barrios y pueblos del extrarradio (con intercambiadores que no intercambiaban y sumando ingresos a las líneas concesionadas a empresas privadas). Nadie obligó al PP a introducir ese nuevo modelo en lugar de mejora frecuencias, eliminar ineficiencias en las líneas o rebajar precios, pero lo hizo y al final tuvo que recular.

Las últimas inversiones de Santander en el TUS benefician a la concesionaria privada

Y veníamos de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, que se mantuvo sin modificaciones pese a conocerse ya una sentencia previa de la Audiencia Nacional sobre el tema del abastecimiento, que es la que llevaría luego a la anulación por el Supremo.

En urbanismo nos fuimos a 1996; en basuras, algo más cerca, a 2003.

LOS COSTES DEL SERVICIO, A DEBATE

Por el camino, más costes de lo previsto: desde la externalización del sistema de control y vigilancia (todavía hoy externalizado)

hasta la acumulación de sentencias en contra del Ayuntamiento y a favor de SADISA que el Consistorio sigue queriendo vender como una no-pérdida económica, esto metiendo sólo lo público en la ecuación, sin entrar en el coste de oportunidad que para muchas empresas locales o viviendas en venta o alquiler habrá supuesto el encontrarse con un entorno tan deteriorado.

Pagar lo mismo por un servicio mal prestado no es pagar de más: la tesis del PP ante las sentencias que pierde frente a la empresa de las basuras

La adjudicataria de Smart City se embolsó un millón de euros de la empresa de las basuras por una conexión a la plataforma que no se ejecutó

 

Esto del dinero tiene muchos matices: por un lado, con los 22,7 millones volvemos a cifras de 2003!, que era un poco plena burbuja, aunque la comparación no puede hacerse cien por cien en términos de igualdad porque, por ejemplo, se saca de la ecuación la limpieza de las playas, que sí, era desarrollada por el Ayuntamiento (y de la que existieron informes que constataban que se conocía el incumplimiento).

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Pero también es cierto que todo ha subido, y no sólo el volumen de la basura: el precio de la gasolina, últimamente ya los salarios, los costes de los materiales y maquinarias, y las exigencias medioambientales en la gestión de los residuos, claro (desde hace tiempo se habla ya, por ejemplo, del cuarto contenedor).

 

Más cosas que asume el PP del fracaso de su modelo, como la ineficacia de los sistemas de comunicación Smart habilitados para fiscalizar y recabar quejas: ahora se pondrá en marcha una oficina presencial y cuentas en redes sociales (no las tiene el Ayuntamiento, por cierto)

MÁS DEL PLIEGO

-El pliego exigirá que todos los medios materiales -contenedores, maquinaria, etc- sean de nueva fabricación y la subrogación de toda la plantilla

-Los pliegos establecen el aumento de los volúmenes de contenerización, de forma que los vecinos tendrán más espacio para la recogida de residuos y las recogidas serán separadas según la nueva Ley de Residuos cuyas novedades se han incorporado en su totalidad al documento.

-De esta forma, en recogida selectiva se establecerán los biorresiduos -dándose un plazo de tres meses a la adjudicataria para su implantación-, los residuos textiles y los de aceite de cocina usados.

-Se incrementa la frecuencia mínima a días alternos en papel-cartón, envases y residuos de envases

-En limpieza viaria se deberán realizar planes de choque el primer año para limpiar las pintadas en fachadas, vías públicas, mobiliario urbano, aparcamientos, etc; así como la retirada de carteles y pancartas y limpieza intensiva de pavimentos (chicles, incrustaciones en baldosas, etc.).

-Se exigen medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población en relación con la prevención de residuos y su peligrosidad, la reutilización, la recogida separada, la preparación para la reutilización y el reciclado, las consecuencias de la gestión indebida de los residuos y del abandono de basura dispersa y la limpieza viaria.

-Todas estas mejoras -que llevan incorporadas inversiones de 1,8 millones de euros el primer año-, se adaptarán a la evolución de la trama urbana del municipio, por lo que los licitadores deben prever en su oferta la evolución de la ciudad a 10 años –algo en lo que no acertó el propio equipo de Gobierno al diseñar el PGOU en sus estimaciones de población–.

-Las inversiones contempladas el primer año afectan a la recogida neumática, con una puesta a punto estimada en 500.000 euros y la obligación del mantenimiento integral a cargo de una empresa tecnológica; la recogida soterrada, por 920.000 euros; la reposición de papeleras, por 100.000 euros; y los tres planes de choque de pintadas, pavimentos y retirada de carteles, por 280.000 euros.

Una vez se publiquen los pliegos en el BOE y en la plataforma de contratación, las empresas dispondrán de un plazo de 60 días para presentar sus ofertas -hasta finales de abril- y, dependiendo de las que opten al contrato se agilizarán más o menos los trámites, para, si no hay alegaciones, pueda estar adjudicado a finales de 2023 y a pleno funcionamiento en 1 año.

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