Finalmente, la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a siete años de prisión, nueve años y tres meses de inhabilitación para empleo público y 963.227 euros de multa al funcionario de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas que durante años favoreció a empresas a cambio de remuneraciones.

En una vista celebrada hoy ante la magistrada presidenta del tribunal del jurado para la ratificación del acuerdo al que todas las partes  –lo que incluye a la Fiscalía, pero también al Gobierno de Cantabria, que se personó como perjudicado– llegaron en fase de instrucción, el funcionario ha admitido ser autor de cuatro delitos: uno continuado de fraude en la contratación pública, otro continuado de cohecho y otro de blanqueo de capitales en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil. Miguel Ángel Díez, que fue jefe de Sevicio de Carreteras, asesoraba a las empresas sobre las mejores formas de lograr adjudicaciones: les orientaba sobre las bajas, les inducía a pactar repartos, les daba pistas sobre cómo plantear sus ofertas…

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La magistrada, que ha declarado la firmeza de la sentencia, también ha condenado a la esposa de funcionario, Beatriz del Río, como autora del delito de blanqueo de capitales en concurso medial con el delito de falsedad, al pago de una multa de 478.513 euros y a un año de prisión, pena privativa de libertad que ha quedado suspendida durante dos años a condición de que durante ese periodo no cometa delito alguno. El blanqueo se traducía en una falsa contratación como trabajadora de las empresas adjudicatarias e incluso como responsable de una empresa fantasma de fotocopias con la que simulaba los ingresos que recibían de las empresas.

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Además, se acuerda el comiso definitivo de la cantidad de 957.027 euros trabados durante las actuaciones al matrimonio condenado.

Por su parte, los cuatro empresarios que remuneraron ilícitamente al funcionario han sido condenados como autores de los delitos continuados de fraude en la contratación y cohecho a, cada uno, las siguientes penas: dos años, un mes y quince días de prisión; tres años y ocho meses de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas y para contratar con la administración, y 1.800 euros de multa. En concreto, los empresarios son los hermanos Secundino y Eías de Celis, de RUCECAN; José Luis Blanco, de API Movilidad; y José Saiz, de La Encina. Finalmente, pese a que en las escuchas aparecían, queda fuera de la causa SENOR.

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Pero las penas de prisión de los cuatro empresarios también han quedado suspendidas a condición de que no delincan en un plazo de dos años y de que abonen una multa de 960 euros.

En todos los casos se ha tenido en cuenta la concurrencia de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de confesión y reparación del daño, y es que los seis condenados han consignado judicialmente 1,6 millones de euros para reparar el perjuicio ocasionado al Gobierno de Cantabria, que se ha estimado en esa cantidad.

Ahora esas cantidades serán entregadas a la administración autonómica en concepto de indemnización.

Hechos delictivos

Según los hechos que se recogen en el escrito de conformidad de todas las partes y que se llevarán a sentencia, el que fuera funcionario del Servicio de Carreteras “se concertó a lo largo de muchos años en múltiples expedientes de contratación de obras con empresarios del sector para favorecerles en la adjudicación de los mismos a cambio de ilícitas remuneraciones”.

El principal acusado, “por razón del cargo desempeñado, tenía un dominio de hecho muy notable sobre los expedientes de contratación, tanto en la fase de elaboración, como en la adjudicación y en la ejecución”.

Añade el escrito que el que fuera funcionario de Carreteras se aprovechó esa situación “quebrantando toda probidad exigible a su condición funcionarial y vulnerando los principios informadores de su menester”, tales como “respeto a la neutralidad, objetividad, fomento de la libre concurrencia y protección del interés público”.

Así, “se dedicó a adulterar sistemáticamente los procedimientos de contratación del Servicio de carreteras autonómicas” con diversas conductas como, por ejemplo, fomentar la concertación entre licitadores, prepararles las ofertas, valorar arbitrariamente las mismas, pactar los criterios de adjudicación de los contratos, o asesar a empresas en la preparación de la documentación que debían presentar.

A cambio de estas actuaciones, el funcionario “recibía cuantiosas remuneraciones, dádivas y favores por su incorrecto proceder” que “atendiendo al desproporcionado patrimonio acumulado por el acusado y su familia, han ido discurriendo a lo largo de los años sin poderse acreditar con certeza el montante total”.

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Durante la instrucción de la causa se halló en el domicilio del matrimonio 529.000 euros en metálico, así como una máquina para contar billetes, lo que “delata la percepción habitual de pagos en metálico derivados de las comisiones ilegales”.

Trama para enmascarar loss beneficios

Para “enmascarar la obtención de los pingües beneficios obtenidos y dar una apariencia de legalidad a su dinero”, el funcionario “simuló la realización de una actividad mercantil ficticia”, constituyendo una sociedad supuestamente dedicada a fotocopias que carecía de actividad.

Así, “con la única pretensión de dotar de un soporte documental a las transacciones ficticias diseñadas con el propósito de ocultar los pagos y darles apariencia de legalidad”, el matrimonio confeccionó “una retahíla de facturas presuntamente auténticas y las introdujo en el tráfico jurídico”.

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Por otro lado, el funcionario también ideó otras fórmulas de pago encubiertas, como la nómina de su esposa como trabajadora de una de las empresas de los acusados; el disfrute de un coche de alta gama que pagaba otra de las empresas; y el abono por parte de otra de las mercantiles de los gastos de obras y reparaciones en su vivienda, el pago de gasóleo y compras de material tecnológico.

Asimismo, obtuvo numerosos regalos y favores,como entradas para los toros y para el fútbol, reservas de hoteles, pagos de forfait, accesoa un colegio mayor y consecución de un contrato de prácticas para sus hijas.

La cuantía total de las comisiones recibidas “sobre las que se puede afirmar rotundamente su origen ilícito” asciende a 1.623.257 millones de euros, repartidos en: 747.830 euros en concepto de actividad simulada de fotocopias, 144.353 euros de pagos por contrataciones, 59.427 euros de la nómina de la esposa en una de las empresas implicadas, 16.106 euros por el arrendamiento del vehículo de alta gama y 655.539 euros de dinero en metálico y valoración por regalos y favores.

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