El funcionario de Carreteras investigado y detenido por la emisión de informes favorables a la concesión de obras a empresas de las que recibió pagos (Rucecan, La Encina, API Movlidad,Cannor) se enfrenta a la posibilidad de un drástico cambio en su nivel de vida.

Pendiente todavía de la respuesta de la jueza, la propuesta de la Fiscalía es que, mientras dure todo el proceso de investigación –y el bloqueo de sus cuentas bancarias–,  Miguel Ángel Díez Barrio se arregle con 3.000 euros al mes, según información judicial a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

Y la operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la UDEF (la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional) que registró la sede de la Consejería de Obras Públicas en la que Díez Barrio era Jefe de Servicio y sedes de las empresas adjudicatarias venía de meses de investigaciones ante las sospechas levantadas por el abultado patrimonio y las operaciones financieras del detenido.

PAGOS , CUENTAS, DONACIONES

En concreto, según consta en la instrucción judicial, consultada por EL FARADIO, las investigaciones habían determinado una diferencia de 3 millones de euros entre la renta declarada y el patrimonio familiar en el período 2002-2012, con una paralización en el período 2012-2019 y la reanudación de ahí en adelante.

Además, tal y como se hace constar en los informes patrimoniales elaborados hasta el momento, se aprecia la existencia de operaciones y hechos de posible apariencia ilícita, tales como donaciones intrafamiliares por importe de 1.250.000 euros o la existencia de cuentas bancarias no declaradas en Luxemburgo.

Asimismo, se detectó que varias de las empresas adjudicatarias, también investigadas (API, CANNOR, La Encina, RUCECAN) realizaron pagos a la hija del funcionario por valor de 170.000 euros en dos años (2020 y 2021), mientras que en 2021 y 2022 los pagos se hicieron a una empresa, PARIVARA LAGANI, aparentemente familiar, pero sin actividad, por valor de 225.000 euros.

Además, en e l año 2019 la mujer del funcionario le donó a su marido 775.000 euros, y a sus dos hijas, medio millón a cada una (total de la donación, 1,7 millones de euros en un solo ejercicio fiscal). A los investigadores no les consta que tuviera actividad laboral alguna, pese a estar contratada en una de las empresas: La Encina.

Todos los miembros de la familia tenían, cada uno, cuenta bancaria, en Luxemburgo, no declarada.

También  destaca la total disposición familiar de un vehículo marca VOLVO,  del que el arrendatario era en realidad API MOVILIDAD

EL FUNCIONARIO ALEGABA DIFICULTAD DE SU FAMILIA PARA SUBSISTIR AL TENER LAS CUENTAS BLOQUEADAS

Desde que comenzó toda la operación policial y la investigación judicial, Díez está detenido y tiene las cuentas bloqueadas, mientras se avanza en la recopilación de información.

Un bloqueo que ha intentado romper, reclamándolo a la jueza, alegando que su mujer y sus dos hijas “carecen de cualquier tipo de disponibilidad económica para –hacer- frente a los gastos ordinarios, para atender los servicios contratados en la vivienda” o “las necesidades más elementales, incluyendo la alimentación, pero también los costes de la defensa, el pago del Mini Cooper (distinto del Volvo, cuyos pagos, modo renting, los hacía API Movilidad), el pago de los estudios de las hijas o el sustento de la mujer, que, desde que explotó todo, “están sobreviviendo con la ayuda de familiares y amigos”.

Gastos de supervivencia que estima en 5.000 euros al mes, la cifra que pide a la jueza que se le permita tener acceso, así como que no se incluyan en los cálculos los costes del Cooper o la financiación del coche de la mujer, al considerar que no tiene que ver con la financiación.

En el escrito, consultado por EL FARADIO, también se queja de que la decisión del bloqueo se ha tomado sin escucharle previamente.

Y matizaba que, en todo caso, el bloque no debería ser de todas sus cuentas, sino del patrimonio o cantidades específicas detectadas como sospechosas, pues “gran parte del patrimonio obtenido por la familia se ha originado en fechas muy anteriores a los hechos investigados”

También negaba el impacto en las arcas públicas, al referirse a adjudicaciones de carreteras pendientes de hacer, no hechas aún.

Por eso reclamaba el desbloqueo de las cuentas y los embargos, para que se ciñera exclusivamente a la responsabilidad civil que vaya suponiendo el caso.

En respuesta, la Fiscalía rechaza que se desbloqueen las cuentas, habida cuenta de que la investigación sigue y es necesario recabar nueva información a la que lleven las pesquisas. Y estima, tras calcular salarios que venía percibiendo y gastos, que frente a los 5.000 euros que reclama, podría tener ingresos por importe de 3.000 euros al mes para atender sus necesidades. Es una propuesta de la Fiscalía, a la que habría que sumar la del propio Gobierno, y en base a ellas tendrá que decidir la jueza.