Desde que el pasado mes de marzo la pasarela de El Bocal, resto de la fracasada senda costera, se desplomara causando la muerte a seis jóvenes y heridas a una séptima, arrancó también una investigación judicial.

En ella, el Ayuntamiento de Santander está jugando la baza de presentarse como una especie de acusación popular, cuando su personación en la causa es en calidad de posible responsable civil –es decir, posible indemnizador de las víctimas cuando se confirme alguna responsabilidad más allá de la evidente de Costas, quien licitó y adjudicó la senda costera, de la que forma parte la pasarela–.

Su estrategia, dentro y fuera de los juzgados, pasa por reducir la parte que corresponde al Ayuntamiento a un fallo humano de la agente a la que responsabilizan por la gestión de la llamada.

Y también por esgrimir –si bien las ha ido cambiando, entre avisos de la jueza sobre la falta de rigor técnico de sus afirmaciones– la teoría del fallo de diseño: según ella, la pasarela no habría caído por la falta de mantenimiento durante años —evidencia ya en la que coinciden los distintos informes policiales--, ni siquiera porque se hubiera realizado una mala ejecución cambiando materiales o realizando cambios respecto al proyecto original –nuevamente, otra evidencia que vienen reseñando los informes encargados por las distintas partes en el proceso–, sino por el diseño desde el origen del proyecto. 

Esa estrategia ya dejaba en un lugar difícil al Gobierno central –la licitación y adjudicación se produjo bajo gobiernos del PP–, pero el problema es que tampoco es un relato fácil de encajar con el papel del propio Ayuntamiento de Santander: la magistrada ya le ha señalado su responsabilidad en la señalización de zonas de riesgo y en la promoción turística, y la propia hemeroteca, junto a la propia experiencia de los vecinos que durante años denunciaron el impacto y peligros de la obra, recuerda las funciones de casi portavoz que ejercía el Consistorio cuando hablaba de la obra.

El propio Ayuntamiento mostró su conformidad con el proyecto tal y como estaba, como recoge documentación examinada por EL FARADIO con fecha de 2o24, en el que manifesta su conformidad, además de incluir un informe favorable del arquitecto municipal en lo relacionado con el planeamiento municipal.

De hecho, el informe técnico municipal formulaba recomendaciones concretas sobre trazados, conexiones peatonales, iluminación, ampliaciones del paseo marítimo de la Maruca o integración del antiguo cuartel de Carabineros, lo que evidencia participación activa en la configuración final del espacio.

En esa misma línea de conocimiento del proyecto insistió, años después de ese informe, y hace casi una década, el Gobierno central –también del PP, hablamos de 2015– aseveró que el Ayuntamiento conocía el proyecto de ejecución y debió informar mejor al ciudadano, más allá del trámite de exposición pública.

Lo hizo en respuestas a preguntas parlamentarias presentadas por UPyD, en las que incidía en que “el Proyecto es conocido por el Ayuntamiento de Santander, que además llevó a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos preciso para ejecutar la obra”.

Entre las respuestas se encontraba también la valoración que hace el Gobierno sobre el proceso de información a la ciudadanía, en el que si bien se habían respetado los trámites de exposición pública, opinaba que “es posible que en proyectos de estas características” sea “conveniente no limitarse al trámite” de información pública, “sino llevar acabo jornadas divulgativas de explicación de las actuaciones proyectadas”.