El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, en el último Pleno antes de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, instar al Gobierno de Cantabria a que realice una auditoría en la Fundación Comillas, así como al estudio de alternativas como ampliar la oferta de estudios o una explotación al margen de la educativa.

A instancias de Ciudadanos y con el voto favorable de los partidos en el Gobierno, PSOE y PRC, y del principal partido de la oposición, el PP, la moción sólo ha contado con la abstención de los dos diputados de VOX.

La Fundación Comillas o «el proyecto del siglo», como la bautizó en su día el presidente Miguel Ángel Revilla, es el proyecto de enseñanza del español que se fue frustrando por una compleja mezcla de una excesiva ambición en la definición del centro, unas costosas obras de rehabilitación del Seminario Mayor y un complejo entramado público para financiarlo y gestionarlo.

El proyecto nació con un compromiso de financiación plurianual del Estado, en época de bonanza, con Zapatero. Pero derivó hacia el incumplimiento del Gobierno central en la etapa del PP, en el peor momento de la crisis económica, y la falta de apoyo económico de los gobiernos sucesivos (Rajoy y Sánchez).

También fueron saliendo patronos de la talla del Banco Santander o Telefónica, y después ha entrado en una dinámica de menores disposiciones presupuestarias, falta de interés en las matriculaciones, que no han seguido el ritmo que se esperaba, y finalmente inyecciones de dinero público para mantener vivo el entramado societario público.

Dinero público que ha llegado a la Fundación Comillas por todos los canales habidos y por haber, hasta el punto de encontrar reparos la Intervención del Gobierno de Cantabria, en prácticas como el pago de alquileres un 86% más caros que en el Paseo Pereda (la milla de oro de Santander).

Así, la deuda de la Fundación Comillas con el ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) se ha elevado por encima de los 41 millones de euros, según aseguró la pasada legislatura Ciudadanos, partido que hizo de la fiscalización de esta empresa pública uno de sus principales temas de oposición en el Parlamento de Cantabria.

El propio ICAF, en sus informes sobre los créditos y avales al sector público empresarial, señaló a la Fundación Comillas como la única con «opinión desfavorable».

La Intervención General, ese organismo formado por altos funcionarios del Gobierno de Cantabria que fiscaliza el correcto funcionamiento económico de la administración, lo dice (lo reitera) varias veces en sus informes anuales sobre el proyecto Comillas, consultados por EL FARADIO: Cantabria no puede garantizar la liquidez del Campus Comillas. En varias ocasiones, ha cuestionado que pueda continuar su actividad.

Y paralelamente a las visicitudes de falta de financiación y complejidad en la gestión pública, los mismos informes de Intervención afean, además, el incumplimiento de la ley con los contratos de los directores generales.

Una de las sociedades del entramado público empresarial sobre el que se sostiene el proyecto Comillas, la SAICC (Sociedad de Activos Inmobiliarios del Campus Comillas), se encamina hacia el rescate total por parte del Gobierno de Cantabria tras venir arrastrando una difícil situación económica.

Así, ha llegado una nueva legislatura, en la que Ciudadanos ha retomado el asunto, con la advertencia de que el mal uso de los fondos públicos estatales puede llevar a su devolución al Estado.

Pero en su primera respuesta como responsable del área de Cultura del Gobierno de Cantabria, el vicepresidente Pablo Zuloaga, expresaba hace una semana en sesión plenaria su intención de reflotar el proyecto.

Ahora, con 33 de 35 votos a favor en el Parlamento, esta nueva etapa puede pivotar en una auditoría de la gestión de los anteriores responsables del PSOE, como el exconsejero de Economía, Ángel Agudo, o el presidente de la SAICC, el polémico exconsejero delegado de SODERCAN, Salvador Blanco.

AUDITORÍA EN AMBUIBÉRICA

El Pleno ha aprobado por unanimidad en la sesión del lunes, también a propuesta de Ciudadanos, otra auditoría sobre la adjudicataria del servicio de ambulancias, Ambuibérica.

La concesionaria del transporte sanitario acumula denuncias, expedientes y sanciones. Primero los trabajadores, por incumplimientos del contrato como las características de los vehículos, la distancia de las bases del 061 a los centros de salud o la duración de los trayectos y los tiempos de espera.

Luego los sindicatos, por condiciones laborales precarias como el abuso del contrato de prácticas y finalmente la Inspección de Trabajo, por expedientes relacionados con el procedimiento de la limpieza de la ropa de trabajo y sanciones por incumplir los protocolos de limpieza.

La iniciativa contempla incluso la resolución del contrato, en caso de que la Consejería de Sanidad no consiga que la empresa subsane las irregularidades.

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

Los dos diputados de VOX evitaron la unanimidad en la declaración de emergencia climática que llegaba al Parlamento de la mano del PRC, y que se ha aprobado con el voto a favor del resto de grupos políticos, rechazada una enmienda del PP y aceptada una enmienda de Ciudadanos que incluye peticiones al Gobierno de España.

La diputada del PRC, Ana Obregón, ha defendido una moción que en su texto admite que es un «punto simbólico de partida» hacia un nuevo modelo energético, aunque «bajo la perspectiva de oportunidad económica y social».

Una iniciativa que recuerda que el Gobierno de Cantabria ha modificado la nomenclatura de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, para «dar por primera vez visibilidad institucional a la importancia del problema», con lo que considera que «ya se ha alineado con los principios de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible».

La diputada ha defendido la economía circular, que «ha abierto nuevas oportunidades de negocio». En este sentido ha citado el Plan de Acción de la Unión Europea, que ha devuelto a la «senda de generación de empleo» a partir de «la reparación, la reutilización y el reciclaje» – las tres ‘R’.

Además, ha subrayado los más de 6.150 millones de euros entre fondos de inversión y de investigación para la transición hacia la economía circular. «Los regionalistas no queremos que se pierda la oportunidad», ha enfatizado.

Pero, al tiempo, y «como se ha visto en las recientes inundaciones acaecidas en Cantabria», ha defendido «integrar» medidas de mitigación y adaptación «en los instrumentos de planificación territorial, urbanística y de recursos naturales», para «dedicar atención a los efectos a zonas especialmente sensibles como las costas o las cuencas fluviales en cuyo entorno se sitúan las poblaciones de mayor envergadura».

La resolución deja la responsabilidad de trabajar en esta línea a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (PRC), para «definir una Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía como una de las herramientas de desarrollo de la Estrategia frente al Cambio Climático en Cantabria».