El Global Youth Leadership Forum (GLYF) tiene más suerte en sus visitas al Sáhara Occidental que la larga nómina de periodistas, abogados, sindicalistas, políticos y activistas de derechos humanos en general, que acaban invariablemente expulsados cuando tratan de poner palabras y rostro a lo que sucede en este territorio ocupado por Marruecos.

Y lo que sucede es, básicamente, una ausencia de las libertades más básicas: formar parte de un asociación, organizar o asistir a una manifestación o escribir un texto crítico con el Gobierno son cosas hasta rutinarias por aquí que allí pueden suponer agresiones, cárcel o algo parecido a un juicio (algo parecido porque hablamos de sesiones que no son públicas o en las que no se puede conocer con antelación las acusaciones, por citar requisitos mínimos de la justicia).

Como informan varios medios, miembros de la entidad presidida por Jacobo Pombo han visitado recientemente Dajla, ciudad del Sáhara Occidental, para planificar futuras acciones del GLYF, la marca bajo la que se celebran eventos en el Palacio de La Magdalena en Santander –el próximo en otoño-, además de recibir para ello dinero público, promovidos por el empresario Jacobo Pombo.

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Y entre las alianzas locales con las que trabajan se encuentra la organización Sahara Horizons, que pese a llevar el nombre del Sáhara, se ha mostrado favorable a posturas políticas como la del cambio de criterio del Gobierno español y su viraje a las tesis de Marruecos–el Sáhara fue colonia española, pero tras la anexión por parte de Marruecos de este territorio y el exilio forzoso de muchos saharauis, no se hizo nada ni para recuperar el territorio ni para promover, como sucede con la mayoría de los procesos coloniales, que el pueblo fuera independiente con su propio Estado y autonomía).

Las informaciones usan el nombre genérico de Santander e incluso citan la presencia en el Sáhara Occidental de representantes de las instituciones cántabras –desmentida a EL FARADIO desde el Gobierno de Cantabria–.

Del mismo modo que eventos globales como los Juegos Olímpicos, los Mundiales de fútbol, los concursos de misses o Eurovisión han tenido y tienen implicaciones políticas que en no pocas ocasiones han ayudado a mostrar al mundo una cara amable de dictaduras y regímenes contrarios a los derechos humanos, la colaboración abierta por el GYLF puede contribuir a ese mismo efecto de normalización.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado en múltiples ocasiones la instrumentalización de la cooperación y el desarrollo económico en la región para reforzar la presencia marroquí y desviar la atención sobre la situación de los derechos humanos. En un informe publicado en 2020, la entidad remarcaba la necesidad de que toda acción internacional en el Sáhara Occidental tenga en cuenta el componente de derechos humanos como prioridad.

En este contexto, la región de Dajla ha sido escenario creciente de foros empresariales, actividades deportivas y encuentros institucionales impulsados desde Rabat, en un intento por integrar el territorio en la narrativa de desarrollo y estabilidad promovida por Marruecos, es decir, de ser parte de su estrategia.

Objetivos como el de la promoción económica que se enarbolan desde Marruecos y las organizaciones con las que colaboran contribuyen además a normalizar el expolio de los recursos naturales saharauis, como los relacionados con la agricultura y la pesca que explota comercialmente Marruecos, lucrándose de los beneficios, pese a no serlo –como incluso ha documentado la justicia europea-

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Desde 2014, al menos 307 profesionales, incluyendo periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, han sido expulsados por las autoridades marroquíes, según un informe conjunto de la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis (LPPS) y la Asociación Francesa para la Amistad y la Solidaridad con los Pueblos de África (AFASPA) .

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